La defensa del expresidente de la Junta José Antonio Griñán y del ex director general de Presupuestos Antonio Lozano han renunciado a tres testigos, entre ellos el dirigente socialista José Caballos, solicitados en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos entre los años 2001 y 2010.
En un escrito, con fecha de 5 de junio y al que ha tenido acceso Europa Press, la representación procesal de Griñán y Lozano señala que, como consecuencia del resultado de la prueba ya practicada a lo largo del desarrollo de la vista oral, considera "innecesaria y ociosa" la práctica de las testificales de José Caballos, Lorenzo García García y María del Pilar Díaz Jiménez, por lo que, en suma, resultarían "reiterativas".
Hasta el momento han pasado por el juicio 68 de los 150 testigos propuestos por las partes personadas, encontrándose entre los últimos que han testificados los exconsejeros Antonio Ávila y Mar Moreno y el actual vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios.
La representación procesal, en el escrito dirigido al tribunal de la Sección Primera que preside el magistrado Juan Antonio Calle Peña, expone que, "teniendo en cuenta que los tres testigos no han sido propuestos nominativamente por ninguna otra parte y con el único fin de contribuir a una mayor celeridad del proceso tal y como la Sala ha planteado a las partes, mediante el presente escrito renunciamos y desistimos de la práctica de las testificales ya mencionadas".
En este sentido, cabe recordar que la Sala, ante el retraso acumulado en el desarrollo del juicio, ha instado a las partes en reiteradas ocasiones, la última esta misma semana, a no hacer preguntas reiterativas o cuyas respuestas, a la vista del interrogatorio, sean "obvias", instando a "eliminar preguntas" que redunden en el tiempo del interrogatorio de cada testigo.
Como consecuencia de este retraso, el tribunal ha fijado una sesión más a la semana para la tarde de los lunes, que se suma a las establecidas ya para las mañanas de lunes, martes y miércoles, y la tarde de los miércoles.
"A QUÉ TIENEN MIEDO QUE SE DESCUBRA"
Tras la renuncia de la defensa de Griñán y Lozano, que ejerce el letrado José María Mohedano, la acusación particular del PP-A, que llevan los abogados Luis García Navarro y Lourdes Fuster, se preguntan "qué temen y a qué tienen miedo que se descubra" durante la declaración del senador socialista José Caballos como testigo, que estaría obligado a responder a todas las partes.
Así, los letrados del PP-A recuerdan, en declaraciones a Europa Press, que el hijo del exparlamentario del PSOE trabajaba como directivo en una de las empresas de la Sierra Norte sevillana que recibió ayudas de los ERE por parte de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo.
En este sentido, apuntan que Francisco Trujillo, exchófer del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, indicó durante su declaración como testigo en este juicio que llevó a Guerrero a reuniones "a la Consejería de Presidencia, Economía y Hacienda, Innovación, Empleo y al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA)", posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), ente encargado de materializar el abono de las ayudas investigadas en virtud del convenio marco firmado en julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA por el que la Consejería le allegaba fondos del programa presupuestario 31L a través de transferencias de financiación a IFA para el pago de las mismas.
Así, según declaró, Guerrero le hizo "referencia en dos ocasiones" a que iba al Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, a reunirse con el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, encausado en este procedimiento. También llevó al ex director general a reuniones con sindicatos, empresas y despachos de abogados, así como que se reunió "algunas veces" con otros dirigentes políticos como "el señor Caballos, que era algo del PSOE de Sevilla".
"¿No quieren evidenciar que las ayudas se repartían entre ellos?, se preguntan los letrados de la acusación del PP-A.
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