Actualizado: 12:31 CET
Domingo, 18/11/2018

Andalucía

Jiménez Barrios, Mar Moreno y Ávila, citados como testigos en los ERE

La Sala, presidida por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, ha citado a declarar esta semana a 16 testigos

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que juzga a 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares entre los años 2001 y 2010 ha citado para esta semana a 16 testigos, entre los que se encuentran el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, y los exconsejeros Mar Moreno y Antonio Ávila.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Sala, presidida por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, ha citado a declarar esta semana a 16 testigos. Cabe recordar que, ante el retraso acumulado en el juicio, el tribunal decidió ampliar en una sesión más, en este caso la tarde del lunes, las sesiones semanales de la vista oral, quedando fijadas jornadas de mañana y tarde el lunes y el miércoles y de mañana sólo los martes.

Así, este lunes, en la sesión 78 de juicio, está previsto que comparezca para abrir la mañana Rafael Silva López, funcionario de la Consejería de Empleo que participó en la comisión de información reservada, conformada por 21 funcionarios, creada por la propia Consejería para revisar en 2012 los expedientes administrativos de las ayudas sociolaborales de los ERE. En este sentido, el pasado miércoles pasaron tres de estos funcionarios.

A continuación será el turno del ex director general de Trabajo Daniel Rivera, quien ocupara el cargo entre el 6 de abril de 2010 y el 12 de junio de 2012, siendo el sucesor en el cargo de Juan Márquez, quien se encuentra acusado en esta pieza política de los ERE. También por la mañana está citado como testigo Justo Mañas, viceconsejero de Empleo entre el 1 de abril de 2010 y el 10 de mayo de 2012.

La tarde del lunes será el turno para Antonio Valverde, director general desde diciembre de 2009 y el 30 de junio de 2004 de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), anterior Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), ente encargado de materializar el pago de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo con fondos del programa presupuestario 31L, que la propia Dirección General allegaba al ente a través de transferencias de financiación, herramienta presupuestaria que, según las acusaciones, permitía eludir la fiscalización previa de estas ayudas. Tras Valverde, declarará, previsiblemente, Gonzalo Suárez, viceconsejero de Innovación desde mayo de 2004 y marzo de 2005.

EXCLUIDOS DEL PROCEDIMIENTO POR LA AUDIENCIA

Precisamente estos cuatro testigos fueron exculpado de este procedimiento judicial por la Audiencia Provincial de Sevilla en abril de 2017. Entonces, la Sección Séptima de la Audiencia estimó los recursos presentados por los ex altos cargos hasta entonces investigados contra el auto de 31 de mayo de 2016 en el que el juez Álvaro Martín les procesó, de forma que los acusados en esta pieza separada de los ERE se redujeron a los actuales 22.

Sobre Suárez la Audiencia señaló que "no consta que hubiera tenido conocimiento de que estaba participando en el desarrollo y mantenimiento del denominado" procedimiento específico.

Por su parte, el tribunal consideró que, de los hechos analizados, "se desprende más bien" que los otros tres ex altos cargos contribuyeron "al desmontaje del sistema urdido sobre la base de las transferencias de financiación como método irregular de distribución de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis tan reiteradas", por lo que "no se puede predicar que concurran indicios sólidos" para mantenerlos como imputados en esta pieza separada.

La Audiencia relataba entonces que, de lo instruido, "parece que el procedimiento específico se creó en el año 2000 y se mantuvo durante una década sin que por parte de las personas que hayan podido participar en el mismo pusieran freno a 'esta huida hacia delante', consistente en no respetar y/o imponer los mínimos controles que la legislación ofrece para garantizar el correcto uso de los fondos públicos, esencial en un Estado Social de Derecho Democrático, como define la Constitución a España".

Al hilo de ello, señaló que, en el año 2008, la "caótica y errática" actuación del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero dio lugar a su cese y al nombramiento de Juan Márquez en abril de ese año, recordando que, según declaró la exasesora de la Dirección del ramo María José Rofa, "se detectó durante el mandato de Márquez que los expedientes de las ayudas reiteradas eran extremadamente irregulares, hasta el punto de que en algunos supuestos se habían concedido sin que mediara petición del beneficiario".

La Audiencia agrega que, en abril de 2010, fue nombrado consejero de Empleo Manuel Recio, Justo Mañas fue designado viceconsejero del ramo, y Daniel Alberto Rivera asumió la Dirección de Trabajo, mientras que Antonio Valverde fue nombrado director general de IDEA en 2009 y se mantuvo en el cargo hasta 2014.

A juicio del tribunal, "durante el mandato" de todos ellos "hubo importantes cambios en la concesión de dichas ayudas, por lo que no se puede predicar sin más que su actuación se limitó a mantener el sistema implantado a partir del año 2000".

De esta forma, "se tomaron las medidas de control de los expedientes de ayudas de la Dirección General de Trabajo, en la Consejería de Empleo desaparecieron las transferencias de financiación como mecanismo de concesión de dichas ayudas, con independencia del trato que se realizó en la Dirección de Trabajo, camino que culminó" con la Orden de la Consejería de 1 de abril de 2011 y el Decreto 4/2012, resoluciones "que pusieron fin al procedimiento especifico".

ÁVILA, MORENO Y JIMÉNEZ BARRIOS

Para la sesión del martes el tribunal ha citado a ocho testigos, entre ellos a Antonio Ávila, consejero de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía desde marzo de 2010, sumando además Empleo a partir del 5 de mayo de 2012, hasta su cese el 9 de septiembre de 2013.

En marzo del pasado año la Audiencia Provincial de Sevilla confirmó el archivo de la causa contra Ávila dentro de la pieza separada de los ERE por el procedimiento específico, rechazando la Sección Séptima el recurso interpuesto por el sindicato Manos Limpias contra la resolución en la que el juez Álvaro Martín archivó la causa contra éste.

Ya en la mañana del miércoles, el tribunal ha citado para su declaración a la exconsejera de Presidencia Mar Moreno y al actual vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios.

Cabe recordar que el magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, en 2015, dejó fuera del procedimiento por el caso de los ERE presuntamente fraudulentos a la senadora y exconsejera de la Junta, mientras lo mantuvo contra Griñán y Chaves y los exconsejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, los cuatro actualmente sentados entre los acusados en la pieza política de los ERE.

A petición del PP-A, Jiménez Barrios declarará como testigo porque, siendo alcalde de Chiclana de la Frontera (Cádiz), el Ayuntamiento fue beneficiario de una ayuda de los ERE de 24.000 euros concedida por la Dirección General de Trabajo para financiar la VII Feria de Muestras y Turismo a celebrar en la localidad del 8 al 11 de mayo de 2003. Tras el vicepresidente está citad otra testigo.

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