La jueza Mercedes Alaya, a la que el CGPJ ha abierto diligencias de información para ver si sus críticas a la Fiscalía merecen un expediende disciplinario, ha dicho estar "muy tranquila" y ratificarse en sus palabras, tras admitir que "estaría mejor sin hablar" pero busca "cambiar el sistema desde dentro"

En declaraciones hoy a los periodistas en la Audiencia de Sevilla, donde ocupa una plaza de magistrada en la Sección Séptima tras marcharse del juzgado de instrucción 6 en el que inició la investigación del caso ERE, Alaya ha afirmado ignorar si las diligencias abiertas van "a ir a algún lado" pero se ha mostrado "muy tranquila" con lo que dijo en una conferencia en el Club Siglo XXI de Madrid y se ha ratificado en "que necesitamos fiscales independientes del Gobierno".

No sólo el Ministerio Público ha elevado una queja al CGPJ por sus palabras, ya que también el TSJA ha remitido la de los jueces de instrucción de Sevilla -excompañeros de Alaya- mostrando su "malestar profundo" por las críticas, en una entrevista publicada en ABC, a la "capacidad y profesionalidad de sus compañeros" como el juez de refuerzo que le asignaron en el juzgado de instrucción 6.

"A mí me dan igual las críticas de mis compañeros", ha respondido Alaya, tras justificar su rechazo a los jueces de refuerzo para ayudarla en las macrocausas porque "para mí era más eficaz hacerlo yo que explicárselo a compañeros nuevos".

Respecto al juez Álvaro Martín, que finalmente cerró la pieza política de los ERE, de quien dijo en la entrevista que se iba del juzgado a la una para recoger a sus hijas y a un club de campo, ha señalado que quienes representan un cargo en una asociación judicial como ocurre en este caso "deben de ser ejemplares y la ejemplaridad se demuestra trabajando".

Sobre su sucesora al frente del juzgado de instrucción 6, María Núñez Bolaños, ha dicho que se limitó a indicar al CGPJ en un "informe interno" al que "no debió darle publicidad" algo "público y notorio" como su inexperiencia en la jurisdicción penal al proceder de un juzgado de familia y su amistad con el entonces consejero de Justicia, Emilio de Llera, "reconocida por ella misma".

Por ello ha lamentado que "nos rasgáramos las vestiduras" y algunos titulares "injustos" en prensa, según Alaya, a quien también le han "dolido" las informaciones sobre "como vestía o mis curvas" que no hubieran publicado de un hombre.

En la entrevista, Alaya culpó al presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, de haberla engañado al asegurarle que pese a pedir la plaza en la Audiencia, se mantendría en el juzgado de instrucción hasta cerrar las macrocausas, algo en lo que "confiaba plenamente" pues de lo contrario no la hubiera solicitado.

Recientemente Álvarez, durante la presentación de su candidatura a la reelección ante el CGPJ, criticó que Alaya le "puso verde" y que creía que "buscaba algún tipo de carrera política", si bien la jueza ha asegurado que "a día de hoy" tienen una "relación magnífica" porque "él entiende perfectamente lo que yo persigo, que es tratar de modificar el sistema desde dentro".

Ha negado estar tentada por la política pues no se le pasa "por la imaginación ser otra cosa que juez" y ha presumido de ser capaz de "llevar esto y todo lo que me echen porque estoy muy acostumbrada a trabajar".

"Mis intenciones son las más loables, no pretendo hacer daño a nadie sino cambiar el sistema", ha insistido la jueza, quien, preguntada por la posibilidad de hacerlo a través de las asociaciones judiciales, ha dicho ser una "persona muy libre" y no necesitar "ninguna asociación para expresar" sus opiniones.

Ha admitido que más que no poder terminar la instrucción del caso ERE, que dice que dejó casi cerrada, lo que lamentó de no seguir en el juzgado de instrucción 6 fue dejar la causa de los cursos de formación porque "había cosas muy importantes" y, tras su marcha, las conclusiones del informe de la Intervención de la Junta se dividieron por provincias y cambió la posición del fiscal, que "conmigo era firme defensor de la causa".

Por eso ha justificado su firme defensa de que el Fiscal General del Estado "no sea elegido por el Gobierno", sino por un acuerdo entre los partidos mayoritarios ya que, "al ser tan distintos" se verían obligados a nombrar a alguien "independiente" (no ha querido valorar el nombramiento de la hasta ahora fiscal jefe de Sevilla María José Segarra).

Para Alaya, no sólo falta independencia en el Ministerio Público, sino que los cargos del CGPJ son "discrecionales", incidiendo en que no habla de personas sino de instituciones judiciales que "con sus resoluciones pueden modificar procesos".