El Juzgado de Instrucción 4 de Granada ha emitido un auto para dirigir el procedimiento judicial por el supuesto fraude en el sistema de contrataciones de la Alhambra contra 28 personas, entre ellas anteriores directivos del Patronato público que gestiona el recinto monumental.
En una resolución de cuarenta páginas, a la que hoy ha tenido acceso Efe, el juez Antonio Moreno recoge, de forma indiciaria, la posible existencia de delitos de defraudación en la contratación, falsedades, malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias y corrupción negocial.
El auto se refiere a la posible formación de una "organización criminal", pensada y conformada especialmente por José María Visedo, exjefe de la sección económica, y la que fuera secretaria general del Patronato, Victoria Chamorro, con la "participación concertada e indispensable" del resto de personas investigadas.
El auto judicial, que se produce tras la detención el pasado mayo de 26 personas que quedaron luego en libertad, da traslado a la Intervención General del Estado para que emita un informe de legalidad, regularidades o irregularidades en la adjudicación y posterior desarrollo de diferentes contratos.
También solicita que se proceda a la cuantificación del perjuicio económico sufrido por las arcas publicas en su caso, aunque el auto ya recoge que, de forma indiciaria y provisional, este se cuantifica inicialmente en 5,83 millones de euros.
El auto divide a los 28 investigados entre integrantes del Patronato de la Alhambra, donde figura la exdirectora del Patronato María del Mar Villafranca; integrantes de la trama que han participado como gestores y receptores a su vez adjudicaciones ilegales como pago a la prestación de servicios; e integrantes de la trama como perceptores de adjudicaciones ilegales.
Según el juez, de la amplia documentación de la investigación policial se desprende la existencia de indicios de conductas delictivas a raíz de una estrategia concertada de adjudicación fraudulenta de contratos públicos, la creación, el enriquecimiento ilícito y el sostenimiento de una red clientelar de empresas y trabajadores del Patronato de la Alhambra.
En este sentido, apunta a la adjudicación ilícita de contratos menores, negociados sin publicidad y abiertos por concurso por parte de los dirigentes del Patronato, en ocasiones por personal de empresas externas y otro personal de este organismo público.
Sus actuaciones consistieron presuntamente en la creación de una serie de "necesidades ficticias o innecesarias" con el único fin de iniciar un procedimiento de contratación que estaba "adjudicado de forma predeterminada", lo que sostendría una "red de trabajadores externos al Patronato y empresas amigas".
El auto indica también que existen indicios de que no ha habido negociación y consulta alguna sobre algunos de los contratos, ya que los procedimientos de adjudicación se hacían de antemano "usando un procedimiento negociado sin publicidad como forma de encubrir una adjudicación previa y directa y a capricho".
Advierte además de que se hizo "caso omiso" a las ilegalidades expuestas en un informe por el Inspector General de Servicios de la Junta de Andalucía, y que nunca se cumplieron las recomendaciones sobre contratación efectuadas por la Cámara de Cuentas.
Respecto a Villafranca señala expresamente que, siendo puntualmente informada de todo por la secretaria general, "interpretaba" de forma "favorable" informes jurídicos del gabinete jurídico de la Junta que "a todas luces resultaban desfavorables".
El Juzgado número 4 de Granada continua de esta forma la instrucción de la causa, que es distinta pero derivada de la abierta en 2015 por supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de las audioguías.
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