En declaraciones a Europa Press, Lloret apuntó que "la Junta no está de acuerdo con la cuantía económica" que consideró "excesiva", ya que la Administración "ha actuado siguiendo los protocolos correspondientes".
En este sentido, la delegada de Igualdad aclaró que "el menor estaba en un centro de protección que no es un lugar cerrado, sino un espacio que debe dar a los menores la protección con la que no cuentan debido a su situación familiar".
De este modo, Lloret hizo hincapié en que "el menor no se fuga del centro sino que se ausenta", por lo que en estos casos "se pone en marcha un protocolo de actuación determinado", por tanto si un menor se ausenta del centro "se le busca en el entorno más cercano y luego se da constancia de ello a las autoridades competentes".
En este caso, la delegada recalcó que "hay que diferenciar entre centros de reforma y centros de protección, donde los menores están para ser protegidos, no están allí como un castigo".
Asimismo, Lloret hizo hincapié en que "no es obligación de la delegación de Igualdad determinar si los jóvenes que están en un centro de menores son delincuentes o no", a lo que añadió que el objetivo del centro de protección es "mejorar su situación, mediante actividades e incluso favorecer el contacto con su familia".
Por último, destacó que "la Junta acata la sentencia pero no está de acuerdo con la misma", a la vez que lamentó "profundamente lo ocurrido" el pasado 17 de diciembre de 2008.
El mendigo, Pedro Martínez, falleció tras recibir varios golpes en la cabeza. El menor que fue detenido por su muerte, al que se le impuso la medida de ocho años de internamiento cerrado y cinco de libertad vigilada, se confesó autor de los hechos.
La víctima, bastante conocida en la capital, vendía ramilletes de flores en la céntrica calle Concepción, donde los vecinos de la zona depositaron en el portal en el que ubicaba su puesto flores y mensajes de repulsa por su fatal muerte.
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