La Guardia Civil cree que la
Consejería de Empleo y el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) utilizaron la Faffe para adjudicar contratos a determinadas empresas eludiendo controles y saltándose las limitaciones que la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) le impone a la Administración Pública.
Los agentes de la UCO que investigan el
caso Faffe han llegado a esta conclusión después de que varios trabajadores de la extinta Fundación, integrada en la actualidad en el SAE, reconocieran haber participado de algún modo en procesos de
contratación de servicios propios de la Consejería de Empleo y no de la
Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo, con el objetivo de eludir la aplicación de los procedimientos de adjudicación legalmente establecidos.
Según ha conocido este periódico, algunos trabajadores declararon ante la Guardia Civil, en el transcurso de la investigación, que en ocasiones recibían indicaciones para pedir a las empresas presupuestos y facturas en los que aparecían reflejados
"conceptos genéricos" para ocultar que se trataba realmente de servicios prestados a la Consejería y no a la Faffe.
Según el relato de varios de los trabajadores, entre 2004 y 2005, al menos, fue una práctica generalizada la de pagar servicios externalizados por la Consejería de Empleo o el SAE a través de la Faffe, especialmente en temas relacionados con
informática.
Las empresas adjudicatarias de este tipo de contratos solían ser casi siempre las mismas, según habrían manifestado algunos de los trabajadores que intervinieron en su contratación: Sadiel (cuyo único accionista era la
Agencia IDEA), Novasoft, GFI, DPI Gráficas y algunas otras. Y el proceso para la adjudicación generalmente se iniciaba a petición de la Consejería de Empleo, lo que llegó a ser una práctica habitual en la Fundación.
Contratos
Los investigadores consideran que la Consejería de Empleo utilizó a la Faffe para distribuir contratos destinados a cubrir sus propias necesidades, aprovechándose de que el nivel de sometimiento de la Fundación a la
Ley de Contratos del Sector Público era menor, en el sentido de que estaba sujeta a menos controles y limitaciones, que el de la Consejería, por su consideración de Administración Pública.
Los investigadores están convencidos de que este proceder obedecía a una
actuación coordinada que implicaba responsables de la Faffe, de la Consejería de Empleo y de ciertas empresas para adjudicar los contratos mediante procedimientos amañados, con la apariencia de estar amparados por una
concurrencia y competencia ficticias, con la que se intentaba dar cobertura legal a la adjudicación de contratos previamente concertados.
De hecho, la Faffe llegó a utilizar de forma generalizada para adjudicar sus contratos el
procedimiento negociado con invitación a empresas, al que la Ley del Contratos del Sector Público (LCSP) le confiere un carácter de excepcionalidad que, sin duda, no tenía. En 2009, el
94% de los contratos de la Faffe se adjudicaron de esta forma.
Este periódico publicó la semana pasada que algunos trabajadores de la Faffe declararon haber recibido
presiones para adjudicar contratos a determinadas empresas, a las que con frecuencia se le pedían presupuestos a sabiendas de que iban a ser finalmente contratadas. De esta práctica, habitual en la Faffe, se aprovecharon los responsables de la Consejería de Empleo para eludir los controles que impone la ley.
