El exconsejero de Empleo Manuel Recio declarará este lunes finalmente como testigo, aunque inicialmente estaba citado para esta pasada semana, en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y directas a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares entre 2001 y 2011.

La declaración de Recio comenzará este lunes a las 10,00 horas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El exconsejero fue excluido de esta pieza política por el juez de refuerzo Álvaro Martín y, posteriormente, la Audiencia Provincial confirmó el archivo de la causa contra éste.

A consecuencia de estas resoluciones, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, archivó la causa contra Recio en la conocida como causa matriz de los ERE por estar investigados en ella por los mismos hechos que en la pieza política.

Recio, consejero entre 2010 y 2012, defendió en agosto de este último año en la comisión de investigación creada en el Parlamento de Andalucía que "nada tenía que ver" la legalidad del sistema de ayudas sociolaborales de la Junta con los "abusos" que hubieran podido producirse en su aplicación y que tienen que investigarse "hasta las últimas consecuencias", al objeto de que "nadie quede sin castigo" y se pueda recuperar "hasta el último euro".

Al mismo tiempo, explicó "el plan de acción" llevado a cabo por su departamento para determinar las irregularidades en los expedientes y la modificación que se realizó en el procedimiento de ayudas, --con la creación de un nuevo marco regulador--.

ENTREGÓ UN PENDRIVE CON DOCUMENTACIÓN A ALAYA

Tras Recio será el turno para el interrogatorio de María José Rofa, exasesora de la Dirección General de Trabajo y quien se encuentran investigadas en varias piezas separadas de los ERE, por lo que podrá asistir acompañada de letrado a su declaración. Rofa "contribuyó al esclarecimiento de los hechos", según la juez Mercedes Alaya.

En 2004, el abogado de Rofa entregó a la por entonces juez instructora un pendrive "serigrafiado con nombre de la Junta de Andalucía" que habría recibido en su antiguo despacho profesional en el interior de un sobre "sin distintivo ni remitente" donde "aparecen" expedientes relacionados con los ERE.

Al hilo, la juez consideró que el dispositivo "podría contener archivos y documentos relevantes para la presente causa y que son objeto de investigación, particularmente sobre el papel de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, así como de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), en el pago de ayudas a terceros haciendo uso de fondos públicos recibidos mediante transferencias de financiación de distintas consejerías".

Por ello, ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que, en presencia de la secretaria del Juzgado, "procediera al desprecintado y volcado en sede judicial del pendrive entregado por el letrado".

Para Alaya, quien imputó a Rofa en los ERE, la participación de Rofa en estos hechos "se limitó a cumplir las órdenes de sus superiores", como eran los entonces directores generales de Trabajo Juan Márquez --encausado en la causa política de los ERE-- y Daniel Alberto Rivera.

El auto de imputación, dictado el 12 de junio de 2012, Alaya relata que, "a pesar de su intentos" ante Márquez para que "se produjera un cambio en el procedimiento a seguir ante las dudas sobre la legalidad del mismo, ante la ausencia de justificación y seguimiento de las ayudas", lo cierto es que Rofa, "mano derecha" de Márquez, "termina trabajando con las mismas herramientas aunque fuera por indicación de sus superiores".

De este modo, la magistrada cree que Rofa "tuvo conocimiento de la presunta ilegalidad que todo ello suponía", participando "en la continuidad en el uso" del convenio marco de 2001 entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior IDEA, que regulaba las ayudas y "en dar apariencia de legalidad" al trabajo desarrollado por el anterior director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero.

El tribunal, que preside el magistrado Juan Antonio Calle Peña, prevé que la declaración de Rofa se prolongue hasta el miércoles, por lo que ha citado tan sólo a dos testigos más para esta semana.

En concreto, previsiblemente el miércoles ofrecerá su testimonio Rosario Lobo Iglesias, que de junio de 2000 a febrero de 2012 fue jefa del Servicio de Fiscalización de la Junta, un departamento adscrito a la Intervención General. La testigo recibió en el año 2004 el encargo del interventor de hacer un análisis sobre las ayudas que estaba concediendo la Dirección General de Trabajo. También está citada el miércoles como testigo María Luisa Raya, interventora de la Junta.