Varios trabajadores de la
Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo (Faffe) reconocieron ante la Guardia Civil haber recibido
presiones por parte de sus superiores para adjudicar contratos a determinadas empresas.
Estas presiones llegaban a los mandos intermedios de la Fundación, dependiente de la Consejería de Empleo, en forma de
"insinuaciones" de sus superiores, a veces muy explícitas, que no dejaban lugar a la interpretación.
"Esto tiene que salir", les decían. Y les llegaban a pedir que hicieran "lo necesario" para que
determinadas empresas se hicieran con los contratos, sin necesidad de aplicar el procedimiento de publicidad, o incluso, llegado el caso, que
fraccionaran los contratos, para eludir de esta forma la obligación de publicarlo en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).
También recibieron los trabajadores de la Faffe, en algunas ocasiones, "recomendaciones" para que las facturas de las
acciones formativas no superasen los 12.000 euros, lo que evitaría tener que presentar tres presupuestos diferentes de distintos proveedores, aunque esto, según admitieron los trabajadores de la Faffe ante la Guardia Civil, no representaba ciertamente ningún problema insalvable.
Este periódico ha tenido conocimiento de que muchos de los trabajadores interrogados por la
UCO admitieron que éste era el
procedimiento habitual de contratación en la Faffe, disuelta en 2011, tras su integración en el SAE.
De hecho, era una práctica habitual solicitar a distintas empresas presupuestos
a sabiendas de que iban a ser seleccionadas. En ocasiones, los presupuestos presentados correspondían a otras empresas vinculadas con los mismos empresarios. Casi siempre estaban las mismas: Proyempleo (cuyo responsable procedía de la misma empresa de la que procedía la cúpula directiva de la Faffe, como desveló ayer este periódico), Los Favoritos de Alcalá SL, Prescal, Umax y otras.
Al menos uno de los trabajadores llegó a reconocer a los agentes que investigan el
caso Faffe que tenían indicaciones por parte de sus superiores para solicitar las ofertas a "tres o cuatro proveedores homologados" por departamento, a los que
se iban alternando los encargos. Ello hacía difícil cumplir con el principio de concurrencia.
En la Faffe todo valía. Hasta el punto de que con frecuencia
se pedía a la propia empresa adjudicataria que aportara otros dos presupuestos necesarios para adjuntarlos en el expediente, según han reconocido varios trabajadores a los investigadores.
