La Faffe adjudicó contratos por casi 7,5 millones de euros a empresas vinculadas a antiguos trabajadores de Fondo Promoción y Empleo Sector Construcción Naval, empresa de la que procedía también toda la cúpula directiva de la Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo, incluido el propio director gerente de Faffe, Fernando Villén Rueda.
Las sociedades Fondo Formación y Gestión Empresarial SAL (Ffgesal), Proyempleo SL y Anova XXI SL fueron adjudicatarias de un total de 174 contratos de la Faffe entre 2007 y 2011, por un importe global de 5.896.509,12 euros, según la investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en las diligencias por el caso Faffe.
Los 89 contratos adjudicados a Proyempleo entre 2007 y 2011 sumaron 3.894.291,88 euros, según declaró la Faffe ante la AEAT, y los 65 que se le adjudicaron a Anova XXI SL, 736.806,19. Los 20 contratos de Fondo Formación y Gestión Empresarial SAL (Ffgesal) tuvieron un importe, reconocido por la Faffe, de 1.265.411,05 euros.
Estas empresas estaban vinculadas a las mismas personas. Jesús Manzorro Romero fue hasta 2014 el administrador único y propietario del 85% de Proyempleo, cuyo 15% restante pertenecía a Fondo Formación y Gestión Empresarial, de la que también era accionista el propio Manzorro. Juan Luis Álvarez Balboa era el apoderado de Proyempleo y consejero delegado, junto con Manzorro, de Anova XXI SL, según la información que maneja la Guardia Civil.
Otras sociedades vinculadas a Álvarez Balboa, como la Agrupación Empresarial Cinceet AIE, AMB Consultores Análisis y Gestión de Proyectos SL y el Centro de Estudios Económicos El Tomillo SL, fueron adjudicatarios también de 15 contratos de la Faffe por importe de 1.523.625,37 euros.
Ambos, Manzorro y Álvarez Balboa, habían sido empleados de Fondo Promoción y Empleo Sector Construcción Naval, de la que se produjo un trasvase de 140 trabajadores a la Faffe, entre los que figuraban los más altos directivos y algunos de sus familiares, según apunta la Guardia Civil en sus informes.
Por otro lado, la persona que figuraba como apoderado de Anova XXI SL, Francisco Güelfo Artaraz, era también administrador único de otra sociedad, Güelfo y Antona Consultores, que entre 2008 y 2011 resultó adjudicataria de 8 contratos de la Faffe, por importe de 382.261,83 euros.
Actuación "coordinada"
La Guardia Civil considera que se produjo una "presunta actuación coordinada" entre algunos responsables de la Dirección de Garantías Institucionales de la Faffe y los de las empresas mencionadas, que se pudo traducir en algo que apuntaba la auditoría realizada por la consultora Deloitte de la Faffe: una "posible comisión de irregularidades en los procesos de licitación y adjudicación de prácticamente la totalidad de los gastos justificados en concepto de servicios de evaluación y control de calidad, y docencia".
Además, los investigadores se refieren a otra auditoría, ésta realizada por la empresa ADT Auditores Sector Público SL, que constató "la existencia de relaciones accionariales o empresariales entre empresas invitadas a licitar" en los diferentes procesos de adjudicación de contratos, lo que supone un incumplimiento del principio de concurrencia y libre competencia. En este sentido, la auditoría apunta a la "posibilidad de pacto de precios".
Además, la UCO apunta en su investigación que muchos de los contratos licitados por separado se pudieron haber licitado conjuntamente. Los investigadores creen que haciéndolo como lo hizo, la Faffe trataba de eludir posibles controles.
El SAF denuncia un centenar de "enchufados"
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha denunciado ante el Juzgado de Instrucción la contratación irregular de casi un centenera de personas en la Faffe, en su mayor parte "por nepotismo o por clientelismo político, con desprecio absoluto del ordenamiento jurídico y, consecuentemente son presuntamente constitutivas de infracción penal", según el SAF.
El SAF considera que los directivos de la Faffe responsables de las contrataciones pudieron cometer "un presunto delito continuado de prevaricación".
Uno de los casos más graves, en opinión del sindicato, es el del exalcalde de Lebrija, Antonio Torres García, contratado tras dejar la Alcaldía. O el de Eduardo Cabeza Rodríguez, concejal del PP de Camas, contratado en la Faffe tras protagonizar un acto de transfuguismo que favoreció al PSOE.
También denuncia que Fernando Villén Rueda, director general técnico de la Faffe y secretario de Empleo de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE, contrató a su esposa, Concepción Ben Fernández, su cuñado, Antonio José Ben Fernández, y su sobrino don Manuel Villén Nogales.
O que Francisco Javier Guerrero Benítez, director general de Trabajo, contrató "a sus amigas y paisanas María José y Rocío Sayago Gómez".
También Antonio Rivas, delegado de Empleo en Sevilla y ex alcalde de Camas, enchufó, según el sindicato, a varios sobrinos, Ana y María Dolores Cardero Rivas, y Rocío y José Manuel Villegas Rivas.
También denuncian la contratación de Rafael Brugarolas Sanz, cuñado de Lourdes Medina Varo, secretaria general técnica de la Consejería de Empleo, y de Irene Olozábal Pérez, cuñada del viceconsejero de Empleo Agustín Barberá Salvador.
Asimismo, el SAF denuncia que la Faffe contrató a Francisco Cañete Acosta por ser hermano de María José Cañete Acosta, coordinadora general de la Consejería de Empleo, y a Antonio Domínguez de la Rosa por serlo de Irene Domínguez de la Rosa, jefa del Servicio de Personal de la Consejería de Empleo.
En todos los casos, según el SAF, los citados funcionarios y altos cargos, valiéndose de su posición en la Consejería de Empleo, presionaron hasta imponer su deseo de contratar a sus familiares en la Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo.
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