"Entre los trabajadores de Faffe se comentaba que no era bueno hablar mal de nadie, porque nunca sabías qué relación podría tener esa persona con algún cargo de responsabilidad". La sentencia, de un extrabajador de la Fundación Andaluza Fondo, Formación y Empleo, forma parte de los testimonios recogidos por la UCO de la Guardia Civil en el transcurso de la investigación del caso Faffe. Y son varios los extrabajadores que se pronuncian en términos similares.
La Guardia Civil maneja un listado de más de doscientos presuntos "enchufados" en la organización. En ocasiones eran familiares de otros trabajadores de la casa que ocupaban puestos donde se tomaban decisiones. Pero, a veces, también aparecían allegados a cargos públicos socialistas o, directamente, personas que habían dejado de ocupar un cargo público y necesitaban que el partido les buscara un acomodo, por los servicios prestados.
De "nido para pagar favores políticos" califica a la Faffe otro extrabajador, el mismo que trasladó a la Guardia Civil la confesión de un administrativo de la casa que le reconoció haber entrado en la Faffe, "siendo del PP, porque el PSOE de Camas le debía un favor, al haber realizado un acto de transfuguismo que favoreció a este último partido", según dijo a los investigadores.
La UCO asegura tener "información que permitiría confirmar, indiciariamente, la vinculación, directa o indirecta", de más de 200 empleados con diferentes fuerzas políticas y sindicales (la mayoría excargos públicos en la administración local de la comunidad autónoma), otros cargos públicos y funcionarios de la Junta de Andalucía y con dirigentes sindicales y, por último, con otros empleados pertenecientes a la estructura de la Faffe.
"La mayoría era personal enchufado", afirma uno de los extrabajadores interrogados. Y la mayor parte de ellos continuó trabajando en la institución tras la integración de la Faffe en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
"Enchufes" con nombre propio
Los enchufes comenzaban muy arriba, en la cabeza misma de la Fundación, según las declaraciones realizadas ante la Guardia Civil por numerosos extrabajadores. Manuel Villén, hermano del director gerente de la Faffe, Fernando Villén, ocupaba un cargo importante en la dirección de la Fundación, donde, en diferentes departamentos, también trabajaban su mujer, una hermana de ésta y un sobrino.
Julio Pérez López, que también ocupaba un cargo en la dirección de la Faffe, tenía a su hermano Rafael, a su cónyuge, a su cuñada (esposa de Rafael) y a un sobrino.
De otro sobrino de otro alto cargo de la Faffe se queja un extrabajador de la Fundación por "competencia desleal" (lo dice así), pues participó contra él en un proceso de selección como formador y, pese a su menor experiencia y capacitación, el puesto se lo quedó quien tenía un familiar dentro. Y no eran los únicos.
Había exalcaldes socialistas como Antonio Torres, que lo fue durante 23 años en Lebrija, Francisco Aguilera, de Montellano, y Manuela Romero, de Coria del Río, entre otros. E igualmente, la Guardia Civil maneja los nombres de numerosos familiares de destacados dirigentes socialistas, como el exparlamentario del PSOE y exasesor de Empleo, Ramón Díaz Alcaraz, cuyo hijo formaba parte de la plantilla de la Faffe, y el exalcalde de Camas y exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas, que tenía dos sobrinas en plantilla.
Los 'satélites', todo el día dando vueltas
El vicesecretario de Organización, Formación y Electoral del PP Andaluz, Toni Martín, afirmó ayer que la "resistencia de Susana Díaz a mostrar los movimientos de las tarjetas black de la Faffe lleva a sospechar que estas pruebas hayan podido desaparecer".
También le exigió que "saque a la luz estos movimientos y que aclare cuánto dinero se gastó en restaurantes, hoteles y clubes de alterne, o que aclare si esos documentos han sido quitados de en medio". "No queremos ni imaginar que ante la más que posible evidencia de delitos que contengan esas pruebas, alguien, para rematar la faena, haya tenido la tentación de hacerlas desaparecer", sostuvo el dirigente del PP-A.
Martín instó a la presidenta "a que diga a los andaluces la verdad, porque cuanto más tarde en sacar esos documentos o en decir si han desaparecido, más responsable será de un escándalo de corrupción que avergüenza a todos los andaluces".
Según el dirigente del PP-A, el "escándalo de la Faffe es el retrato del estilo cortijero con el que el PSOE ha gobernado Andalucía durante décadas". De hecho, afirmó que se ha convertido en un "gran agujero negro para la Junta y para el PSOE andaluz", que "están tapando" porque, según dijo, "saben que fueron utilizadas para pagar servicios de prostitución en un club de alterne de Sevilla".
El vicesecretario general del PP-A insistió ayer en que lo que se ha descubierto es una "red descomunal de enchufismo que puede suponer que en la Faffe se colocaron a más de 200 personas vinculadas con el socialismo andaluz y sus amiguetes". "Hijos, sobrinos, hermanos, cuñados, maridos, esposas, y por supuesto exalcaldes y excargos socialistas de todo tipo", dijo.
También se refirió al atestado de la UCO en el que se señala que a los "200 enchufados del PSOE en la Faffe se les conocía como los satélites porque, al parecer, dedicaban la mayor parte de su tiempo a dar vueltas".
También destacó la facturación de más de un millón de euros a empresas de un cuñado del presidente de la Faffe en conceptos que nada tenían que ver con su naturaleza. Y consideró "especialmente sangrante" la posible utilización de la Faffe para pagar favores por la moción de censura de Camas.
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