Actualizado: 22:17 CET
Lunes, 28/05/2018

Cádiz

Maíllo oficializa la denuncia contra Pascual por apropiación indebida

Antonio Maíllo, coordinador de Izquierda Unida en Andalucía, acudió en la mañana de este martes a la sede la Fiscalía Provincial de Cádiz

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Antonio Maíllo, coordinador de Izquierda Unida en Andalucía, acudió en la mañana de este martes a la sede la Fiscalía Provincial de Cádiz para interponer una denuncia contra la empresa de hospitales de José Manuel Pascual Pascual y que se investigue una presunta apropiación indebida de 164 millones de euros.

Esa posición dominante no es una cuestión que ha llegado gracias al azar en 2018, llevamos 25 años así por culpa de la falta de planificación de la administración andaluza en la que el PSOE ha mirado para otro lado

Arropando a Maíllo estuvieron los concejales de Ganar Cádiz en Común, Martín Vila y Eva Tubío, así como uno de los portavoces de la Marea Blanca gaditana, Antonio Vergara. Eso sí, Maíllo echó en falta la “presencia de otros líderes” de agrupaciones que “también dicen defender la sanidad pública”, quizás en referencia al alcalde de Cádiz, José María González, o de la coordinadora de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez.

“Hoy confirmamos lo que anunciábamos días atrás, que es la presentación ante la Fiscalía Provincial de Cádiz de varios hechos relacionados con los conciertos con la empresa de hospitales Pascual en una situación dominante, abuso de servicio y un informe demoledor del Consejo de la Competencia en Andalucía”, señaló el coordinador de IU en Andalucía antes de entrar en la sede de Fiscalía.

Dicho informe “habla de 164 millones de euros de beneficio ilícito por la posición dominante que tiene la empresa Pascual en determinadas localidades” (sobre todo en municipios de las provincias de Cádiz y Huelva), “así como abusos de servicios que no correspondían a servicios, además de lo que ha sido un chantaje de cara a futuros conciertos con la Junta de Andalucía”.

Según explicó Maíllo “esa posición dominante no es una cuestión que ha llegado gracias al azar en 2018, llevamos 25 años así por culpa de la falta de planificación de la administración andaluza en la que el PSOE ha mirado para otro lado y ha permitido esa posición dominante y de abuso”.

Desde esa defensa de la sanidad pública, IU presenta esta denuncia porque “el informe tan demoledor del Consejo de la Competencia nos dice que, aunque a ellos no les corresponde valorar si hay otras infracciones de la normativa vigente, es evidente que su informe es susceptible que se investigue por Fiscalía respecto a figuras que aparecen en el Código Penal, sobre todo en relación a la apropiación indebida”.

IU considera que “es tan evidente esa sobrefacturación, esa aprobación indebida de millones de euros de beneficios ilícitos de la empresa Pascual, que creemos que tiene que devolveros en beneficio de la sanidad pública”.

Maíllo no tiene dudas de que “164 millones de euros supondrían la construcción de tres hospitales que harían que no tuviese esa posición de dominación”.

Por otro lado, en la denuncia interpuesta “pedimos también que se investigue también las condiciones en la que se abordaron el nuevo concierto porque se negoció en mitad de la elaboración de este informe, en mitad del tira y afloja con la Junta y se produjo un aumento de las bases del concierto de 65 millones a 95 de euros y de una subida del 20 por ciento al término de los cuatro años de concierto, que pasaría de los 380 millones a los 456 millones en caso de prórroga… una mejora aún mayor de esos conciertos”.

Por todo ello “pedimos a la Fiscalía que si ve indicios de delitos proceda a la recuperación de esos millones”.

Desde un punto de vista más político, Maíllo indicó que “la defensa de la sanidad pública se demuestra con hechos, no como ha hecho Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, en el último debate parlamentario, que decía que ella era la defensora de la sanidad pública al tiempo que ha mirado para otro lado ante este informe de la competencia, y lo ha hecho porque era evidente el chantaje al que sometía Pascual a la Consejería de Salud”.

De ahí que “ante la ambigüedad, ante la ausencia de contundencia del Gobierno de Susana Díaz, y una vez constatado que no iban a actuar, hemos decidido acudir a la Fiscalía”.

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