La jueza instructora del caso ERE, María Núñez, ha acordado excluir al exconsejero de Empleo Antonio Fernández de la pieza que investiga las ayudas dadas por la Junta a empresas del que fuera alcalde socialista de Cazalla de la Sierra (Sevilla) Ángel Rodríguez de la Borbolla, que sumaron 8,4 millones.
En esta pieza separada se investigan las ayudas concedidas entre 2001 y 2007 a las empresas Cortansa (Corchos y Tapones de Andalucía), Corchos de Cazalla, Servicios y mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera, todas ellas vinculadas a Ángel Rodríguez de la Borbolla (hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla) "en unas como socio mayoritario y en otras como el administrador único o apoderado".
En un auto del 4 de mayo al que ha tenido acceso Efe, Núñez estima el recurso de la defensa de Antonio Fernández que pide el archivo de esta causa contra él al ser ya enjuiciado en la pieza política del caso ERE por crear y mantener el "procedimiento específico" con el que durante una década la Junta repartió 850 millones en ayudas sociolabolares y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles, según la Fiscalía.
La defensa de Fernández esgrime que en dicho proceso se juzga a los 22 ex altos cargos de la Junta acusados por cada una de las ayudas dadas con ese "procedimiento específico" y por tanto no se le puede juzgar dos veces por los mismos hechos.
Núñez estima este argumento siguiendo el criterio marcado por la Sección Séptima de la Audiencia -que ve los recursos de apelación del caso ERE- que al igual que la instructora viene excluyendo a varios de los acusados en la pieza política de las piezas separadas.
Consideran que al estar acusados en la pieza política de delitos continuados de prevaricación y malversación por el "afán globalizador" de la Fiscalía y las acusaciones populares se les está juzgando no sólo por crear o mantener el sistema para dar las ayudas sino por su uso en la concesión de ayudas concretas, aunque en los escritos de acusación no se mencionen todas las subvenciones dadas con el "procedimiento específico".
La Sección Primera de la Audiencia que juzga la pieza política no lo entiende así y a petición de la Fiscalía, que pidió en las cuestiones previas del juicio delimitar el objeto del procedimiento, determinó que la concesión de ayudas específicas no está siendo juzgada en el mismo pero la Sección Séptima sigue manteniendo su criterio y la jueza Núñez considera que es éste el que la vincula.
De hecho, en otro auto del 2 de mayo, Núñez rechaza el recurso del fiscal contra la exclusión del exconsejero José Antonio Viera de la pieza separada sobre ayudas otorgadas a la empresa Yogures de Andalucía y en una providencia del 3 de mayo desestima la pretensión del Ministerio Público de volver a incluir como investigado en esta misma pieza a Antonio Fernández tras ratificada su exclusión por la Sección Séptima de la Audiencia.
Por su parte, la Sección Séptima también mantiene su criterio y en un auto del 23 de abril confirma la decisión de Núñez de sacar a Fernández de la pieza separada sobre una ayuda concedida al Ayuntamiento de Los Palacios (Sevilla) en 2003 y pagada entre febrero de 2004 y mayo de 2005, desestimando así los recursos de la Fiscalía y de la Junta de Andalucía.
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