La publicación del artículo sobre la posible venta de activos inmobiliarios por parte de Kutxabank, la mayoría procedentes de la antigua Cajasur, ha levantado en muchos ciudadanos andaluces ciertos comentarios y dudas, andaluces del más amplio espectro social.
Un ciudadano nos relata que mientras tomaba café en un céntrico café de Sevilla “no pude o no quise dejar de escuchar la conversación que mantenían sobre el artículo de este periódico, unas personas supuestamente dedicadas a la vida pública de esta ciudad”.
“Así comentaba el que por sus comentarios parecía ser un concejal:
-Vamos, si a mí se me ocurre vender un edificio del Ayuntamiento por menos de la mitad del valor contable y encima oculto el contrato, tengo a todas las unidades anticorrupción de la Policía de este país en mi casa y ya estoy en la cárcel antes de decir esta boca es mía acusado por la Fiscalía de prevaricación , cohecho ,etc.
A lo que espetó el otro interlocutor:
- Bueno, eso se ha hecho porque la Caja tenía muchas pérdidas y había que atajar de alguna manera…
Algo que fue contestado con gracejo:
-Pues eso, arréglalo listo, además me habrían imputado malversación, administración desleal, etc… eso sin contar el paseíllo mediático…
Al unísono, se empezaron a reír pero al poco se les desdibujó la sonrisa y cayeron en un silencio que cortaba el aire”.
Esta escena es el resumen de lo que está pasando en estos años: se puede hacer con una caja como Cajasur “lo que quieras”… se regalas o se trocea sin dar cuenta a nadie bajo el paraguas de la crisis, la premura o era lo que había que hacer porque el Banco España apremiaba.
Pero olvidamos que las cajas, como Cajasur, Kutxa y otras muchas, son de origen público y es un derecho que nos asiste a todos -andaluces, vascos o españoles, saber en cuánto se ha vendido un edificio, cuánto cuestan los contratos de gestión, cómo se han adjudicado esos contratos, qué criterios se han seguido, por qué unos pueden comprar su hipoteca con descuentos del 80% y a otros le piden el 150%... Información que parece que sólo le ofrecen al que tiene nombre anglosajón o reside en Bermudas.
Parece que los gestores actuales y algunos anteriores, se les ha olvidado aplicar los criterios de transparencia y legalidad que rigen para cualquier institución y, más aún en una entidad que se ha hecho con el esfuerzo y sufrimiento de todos.
Si alguien tiene dudas de quién es la antigua Cajasur, hoy Kutxabank, comprobará que esta última pertenece a las fundaciones y éstas son propiedad de diputaciones o ayuntamientos, pero no aplican los criterios de transparencia que sí aplican en sus instituciones.
Por poner ejemplos, el concejal del relato inicial no puede gastar más de 18.000 euros directamente sin control total, puesto que se les obliga a un concurso con controles exhaustivos. ¿Sabe alguien cuánto han gastado en la Caja en auditorías o consultorías para malvender? ¿Han visto publicado en algún medio de prensa en cuanto se ha vendido tal edificio o terreno? ¿Y se saben los criterios de reparto publicitario? ¿En que perjudica saberlo? La sensación que dejan es que el ciudadano es “tontito” y es mejor protegerlo manteniéndolos en la más absoluta ignorancia.
Llama la atención que ningún político alce la voz cuando ellos acabarían en el patíbulo si hicieran lo mismo, aunque la esperanza está en algunos jueces que están dando la razón a antiguos propietarios ejecutados por estas entidades, que cedieron los créditos a fondos de capital o buitres, y a los que les están diciendo que el ejecutado tiene derecho a pagar lo mismo que estos .
Habría que recordarles a los dirigentes de Cajasur/Kutxabank que las entidades no son de su propiedad, que no deben ofenderse antes las críticas porque su función -y para eso se les paga- es proteger los intereses de las entidades, que no son bancos privados sino instituciones que han hecho una labor social y empresarial al servicio de todos.
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