En 1999, con los trabajadores de FSC en la calle manifestándose, se auguraba desde el Partido Popular que gobernaba en Madrid y desde el PSOE en la Junta una rápida recalificación de los terrenos para poder encontrar una empresa que comprara el suelo y reunir el dinero (1.800 millones de pesetas) para pagar los derechos laborales de la plantilla.
Juan Costa (PP), entonces secretario de Hacienda, llegaba a decir incluso que no importaban los instrumentos que se utilizaran para que los trabajadores pudieran cobrar, “sino los resultados” (y en aquellos tiempos las cosas se hacían a las bravas, como se está demostrando ahora en los Juzgados), mientras que por parte de la Junta de Andalucía, Francisco Menacho, entonces delegado del Gobierno andaluz, decía que la recalificación de los terrenos de FSC se atendería como “actuación singular”.
Lo normal hubiera sido que la Empresa Pública del Suelo de Andalucía se hubiera hecho con los terrenos, pero ante la negativa de ésta fue el alcalde de San Fernando, Antonio Moreno, quien dio el paso al frente y puso a la venta los suelos, lo que quedaba de valor en la que fue la Constructora, Fábrica San Carlos, la única fábrica de bienes de equipo de Andalucía.
Las empresas interesadas con la intención de mantener el uso industrial, no llegaban en sus ofertas ni a la mitad del dinero que se necesitaba, por lo que el 27 de julio de 2000 por unanimidad de la Corporación, se determinó que el suelo pasaría a ser “predominantemente residencial y compatibles con usos terciario y comercial”.
Aún faltaba casi un año para que comenzara la cuenta atrás que llega hasta la actualidad. El 26 de abril de 2001 el Pleno aprueba por unanimidad el Convenio urbanístico para el desarrollo de los suelos incluidos en el ámbito de San Carlos y el 8 de agosto de ese mismo año, la sociedad de capital mixto Sogescar formaliza las escrituras de compra, con la garantía institucional ofrecida por toda la Corporación, pagando 1.900 millones de pesetas por los terrenos.
El dinero no era la garantía de la hipoteca que pesa sobre el pueblo de San Fernando, sino las condiciones urbanísticas. En ellas se contemplaba un techo de edificabilidad de 104.500 metros cuadrados; una densidad de 65 viviendas por hectárea, que se traduce en más de 860 viviendas; usos compatibles y terciario y una reserva de VPO para el 30 por ciento de la edificabilidad residencial, no menor a los 25.077, 30 metros cuadrados y a las 258 viviendas.
Unicaja seguía sumando los intereses del todavía préstamo hasta que se cumplieran las condiciones, mientras que en el convenio se incluían otras cláusulas por las que el Ayuntamiento, en caso de no conseguir la edificabilidad contemplada en el acuerdo, estaría obligado a proporcionar terrenos municipales en cualquier otro lugar para completar en todo o en parte cualquier reducción de las condiciones pactadas.
La vida sigue igual
Diecisiete años -y unos cuantos días- después del 26 de abril de 2001 todo sigue igual en aquellos terrenos que iban a pasar a engrosar la bolsa de suelo del Sector I-Casería Norte, el único del Plan General de 1992 que no se había desarrollado y la punta de lanza de un urbanismo expansivo que la crisis hizo explotar en las manos de los promotores.
El erial que es ahora la extinta Fábrica de San Carlos, malvendida, malpagada, prostituida y violada después de trocearla en sustanciosas porciones destinadas a personajes afines al PSOE, ha estado siempre en el centro de la polémica política.
Sería mejor decir en el fracaso de la actividad política porque si la política es el arte de hacer posible lo imposible, en este caso fue el arte de hacer imposible lo posible.
Después de firmar en el Pleno la hipoteca que suponía para San Fernando tener que destinar esos suelos otrora industriales a suelo residencial, la oposición del PP y del PSOE pararon el proceso y pidieron una moratoria hasta 2005 para ver si encontraban un comprador con un proyecto industrial.
Sólo era una argucia electoral que no se creían ni ellos y tras cumplirse el plazo tuvieron que retomar el Plan Especial de Reforma Interior (PERI), que después de muchas correcciones por la manía de los políticos de pintar proyectos sin contar con Defensa, fue aprobado definitivamente en 2014.
Desde entonces hasta ahora todo lo mismo. Los suelos de FSC; los terrenos del Sector I y los suelos de los antiguos polvorines -el desarrollo norte que llegaría hasta Bahía Sur- siguen acumulando matojos e incompetencia. Lo peor de todo, sin embargo, fue comprobar cómo respondía una ciudad al desmantelamiento de una industria que dio trabajo a más de 3.000 personas.
A las manifestaciones en defensa de FSC apenas iban 200 personas -parte de los trabajadores y sus familias- y a las concentraciones en la puerta del Ayuntamiento una veintena de trabajadores.
FSC se perdió en el olvido -se editó un libro sobre su muerte, eso sí- y en La Isla se sigue viviendo de los turistas que van a llegar, de las EDUSI que van a cambiar el mundo y de los proyectos que no se terminan nunca.
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