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Miercoles, 24/10/2018
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Andalucía

La Junta: sentencias deben acompañar a medidas para frenar desahucios

El Tribunal Constitucional ha avalado que Andalucía pueda sancionar a los bancos y otras empresas que tengan en sus manos viviendas vacías

  • Desahucios

 La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha afirmado que las sentencias "tienen que acompañar a los instrumentos" y las medidas en políticas de vivienda, en relación a la reciente declaración del TC sobre la Ley de la Función Social de la Vivienda de Andalucía.

Sánchez Rubio, que ha asistido en Vélez-Málaga (Málaga) a la entrega de los Premios Excelencia en Innovación Social, ha reconocido a preguntas de los periodistas que aún no conoce "la sentencia en profundidad", por lo que ha admitido que no puede pronunciarse aún con detalle sobre dicha decisión judicial.

El Tribunal Constitucional ha avalado que Andalucía pueda sancionar a los bancos y otras empresas que tengan en sus manos viviendas vacías, al considerar constitucional la Ley 4/2013 de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda.

"Es un tema en el que todavía queda mucho por hacer porque hay familias que no solo están siendo desahuciadas de sus viviendas por problemas de abono de hipotecas sino que ya están empezando los desahucios por alquileres", ha advertido Sánchez Rubio, que ha recordado que su consejería interviene en "en situaciones de emergencia social".

Según ha explicado, en muchas ocasiones las familias afectadas por estas situaciones tienen "cargas familiares, a veces monoparentales y con otras situaciones", por lo que cree que "la sociedad en general desde todos los puntos de vista y las instituciones también deben estar preparadas" para esta realidad.

"Es cierto que los datos macroeconómicos nos están diciendo que de la crisis se está saliendo, pero la gente a la que nosotros atendemos no ha salido de la crisis, se lo puedo asegurar", ha sentenciado en declaraciones a los periodistas.

Para Sánchez Rubio la vivienda es "un derecho constitucional vital" y ha considerado que se deben utilizar todos los instrumentos que se tengan para defenderlo desde las instituciones.

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