El que fue presidente de la Junta durante 19 años, desde 1990 a 2009, Manuel Chaves, aseguró este lunes ante el tribunal que enjuicia la pieza política del caso ERE que desconocía el mecanismo por el que la Consejería de Empleo repartía las ayudas, el papel del IFA (luego Agencia IDEA) en el proceso, y hasta el contenido de la correspondencia que le llegaba dirigida a él. De abrirla se encargaba, dijo, bien su secretaria o bien alguien de su gabinete.
"Adecuadas o no, las transferencias de financiación estaban en la Ley de Presupuestos. Y una ley no puede ser ilegal"Por eso dijo no tener conocimiento del escrito de los trabajadores de la Faja Pirítica de Huelva denunciando la presencia de intrusos en el ERE de la mina. Porque el fax "siguió el trámite habitual". Su secretaria lo recibió y lo trasladó al consejero de Empleo para que adoptara las decisiones que considerase oportunas, según explicó el expresidente Chaves.
Al igual que la semana pasada su sucesor en el cargo, Griñán, Chaves respondió sólo a las preguntas del fiscal y de su abogado, y se negó a contestar a las de la acusación popular, que ejerce el PP. El expresidente de la Junta se enfrenta a una pena de 10 años de inhabilitación por un presunto delito continuado de prevaricación.
"Ámbito de decisión"
Manuel Chaves aseguró que, "en el contexto de confianza del Gobierno", existía la convicción de que "cualquier ayuda" que se daba estaba conforme a ley. "Para mí es muy difícil pensar que en una Consejería se pudiera establecer un procedimiento conscientemente ilegal o para burlar la ley", como el que, según el fiscal, se utilizó para repartir 850 millones en ayudas sin fiscalización previa.
Chaves insistió en que las ayudas la concedía la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo y que desconocía cómo se concedían, los requisitos para acceder a ellas, los beneficiarios o su cuantía. "No correspondía a mi ámbito político de decisión", señaló.
Por otro lado, Chaves, aseguró que "nunca conoció" el convenio marco de 2001 entre Empleo y el IFA para que este ente abonara las ayudas con fondos que la consejería le enviaba mediante transferencias de financiación. "Siempre he partido de que había una normativa que permitía dar esas ayudas", sostuvo.
Tampoco tuvo conocimiento, dijo, de los informes de la Intervención alertando del uso inadecuado de las transferencias de financiación para que el IFA (o la Agencia IDEA) pagara las ayudas, con lo que según el fiscal se eludía la fiscalización previa. "Adecuado o inadecuado", dijo Chaves, las transferencias de financiación "estaban en la ley de Presupuestos" y "una ley no puede ser ilegal".
Por último, Chaves admitió haberse reunido con comités de empresa, sindicatos y empresarios ante crisis industriales, porque "era mi responsabilidad". Su consigna era siempre "abrir una mesa de negociación" para tratar de salvar a la empresa, y paliar los efectos en los trabajadores. Pero a partir de ese momento, las gestiones y decisiones concretas dejaban de ser de su competencia.
La renuncia del letrado de Guerrero
El exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, uno de los principales acusados en el caso ERE, ha cambiado de abogado defensor cuatro meses después del inicio del juicio.
El letrado Fernando de Pablo, que le ha representado durante los siete años de instrucción, anunció ayer a la sala que dejaba la defensa de Guerrero, con el que ha mantenido desencuentros durante la instrucción o cuando Guerrero ha hecho declaraciones a los medios.
Casi 12 millones a Funciones Caetano
El vicesecretario general de Sectores Productivos del PP Andaluz, Pablo Venzal, exigió este lunes a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "explicaciones" sobre los ERE y las ayudas concedidas por Chaves a la empresa vinculada familiarmente a un amigo suyo, propietario del chalé de La Antilla (Lepe) en el que veranea desde hace años el expresidente.
Según el PP, la empresa Fundiciones Caetano, propiedad de familiares directos de Rafael Blasco Caetano, propietario del chalé y de la vivienda en que se alojó Chaves cuando tuvo que abandonar la Casa Sundheim, recibió al menos 11,7 millones de la Junta en un breve plazo de tiempo, según reveló ayer Venzal.
Según la información aportada por el PP-A, el 1 de abril de 2003 el Consejo de Gobierno presidido por Chaves le otorgó a la empresa una ayuda de 3,6 millones a través del IFA, y mes y medio después otra de 4,4 millones, en ambos casos para la expansión de la empresa.
Al año siguiente, en 2004, y en 2006, la Junta volvió a aportar fondos a la misma sociedad a través de sendos ERE por un total de 3,6 millones, lo que eleva a 11,7 millones las ayudas recibidas en tres años, primero para la expansión de la empresa y después para prejubilar a empleados, según el PP.
Por otro lado, Pablo Venzal, tras las declaraciones de Chaves ante el tribunal del caso ERE, dijo ayer que "alguien que ha sido presidente de la Junta no se puede escudar en que desconocía cómo se hace y cómo se ejecuta su presupuesto y cómo funcionan sus políticas activas de empleo".
En este sentido, Venzal calificó de "ridícula" la actitud de los dos expresidentes de la Junta en el juicio. "Como estrategia de defensa es respetable", dijo Venzal, pero denunció que el argumento del desconocimiento "no resiste el menor análisis y es un insulto a la inteligencia de los andaluces".
El "ciudadano Chaves"
La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, rechazó opinar sobre la declaración del expresidente andaluz Manuel Chaves en el juicio de la pieza política del caso ERE, con el argumento de que "el ciudadano Manuel Chaves se está defendiendo en los tribunales y nadie tiene que interferir en eso".
En una rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz, Calvo eludió señalar si considera verosímil que Chaves, como presidente de la Junta, desconociera cómo se adjudicaban las ayudas a través de un sistema presuntamente fraudulento. Opinar al respecto, dijo, sería "interferir en su estrategia de defensa".
Carmen Calvo, que fue consejera de Cultura con Manuel Chaves, recordó que el expresidente de la Junta tuvo que dejar su escaño en el Congreso y su carné de militante del PSOE, con arreglo al Código Ético del partido, y manifestado "en lo personal todo el apoyo" de los socialistas "para que la justicia determine su inocencia".
Tras insistir en que tanto Chaves como Griñán tienen derecho a defenderse ante los tribunales como consideren, Calvo recalcó que nadie debe "interferir en la estrategia de defensa de un ciudadano".
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