El que fuera presidente de la Junta de Andalucía entre los años 1990 y 2009, Manuel Chaves, prestará declaración este lunes, en plena Feria de Abril de Sevilla, ante el tribunal de la Sección Primera que enjuicia desde hace más de cuatro meses en la Audiencia Provincial a 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz por el procedimiento específico por el que se concedieron ayudas sociolaborales y a empresas en crisis entre los años 2001 y 2010 en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
Con el turno de Manuel Chaves, que se enfrenta a una petición de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación por parte del Ministerio Fiscal, las declaraciones de los acusados encara su recta final, pues tras el expresidente será el turno del último de ellos, Juan Francisco Sánchez García, ex secretario general técnico de la Consejería de Empleo, de Innovación y exdirector de finanzas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), anterior Instituto de Fomento de Andalucía, entidad encargada del abono de las ayudas investigadas concedidas por la Dirección General de Trabajo con cargo a la partida 31L en virtud del convenio marco de 2001 entre el ente instrumental y la Consejería de Empleo.
De esta manera es la segunda ocasión en la que el expresidente de la Junta de Andalucía será interrogado sobre su posible responsabilidad en el caso de los ERE, después de que el 14 de abril de 2015, este pasado sábado se cumplieron tres años, declarara ante el magistrado instructor del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro.
Chaves compareció en calidad de "imputado" en relación con los "actos realizados en el desempeño de sus funciones con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas" de Andalucía, "así como las prestadas a personas físicas", según rezaba el auto de citación.
En su exposición razonada, aceptada por el Supremo, la juez Mercedes Alaya, que investigaba por entonces la matriz de esta causa, Mercedes Alaya, acusaba indiciariamente a Chaves y a los otros cuatro aforados nacionales, José Antonio Griñán, Gaspar Zarrías, Mar Moreno y José Antonio Viera, en esta causa de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y sobre estas acusaciones pivotaba la instrucción en el alto tribunal.
DECLARACIÓN ANTE EL SUPREMO
El expresidente de la Junta, según recoge el acta de su declaración, apuntó que, en diez años de debates presupuestarios, ninguno de los centenares de diputados que pasaron por las cortes andaluzas hicieron observación alguna de ilegalidad respecto del sistema de "transferencias de financiación" que se utilizó para tramitar las ayudas socio-laborales y por las que se allegaban fondos de la partida 31L a IFA/IDEA para el pago de las mismas.
A juicio de Chaves, según dijo, es muy difícil pensar que en diez años centenares de diputados hayan visto absolutamente nada ilegal. El expresidente negó también haber conocido nunca ningún informe de la intervención poniendo reparos a estas ayudas.
Chaves explicó que nunca despachó con un director general, que únicamente lo hacía con consejeros y que ninguno de ellos le puso de manifiesto la existencia de ilegalidades. "La Presidencia siempre delegaba en el consejero de Economía en relación con la información sobre los presupuestos", ha insistido Chaves.
A iniciativa propia al término de su intervención, Chaves manifestó que ha tenido una larga trayectoria política y que podía asegurar que en ningún momento ninguna decisión que haya adoptado ha estado basada en la ilegalidad, según se detalla en el mismo acta de declaración.
Según su declaración, él no podía leerse todos los informes que acompañaban a cualquier actuación legislativa porque debía dedicarse a otras funciones, y era la Intervención General la que tenía que indicar qué tipo de control quería, pese a lo cual nunca encontró menoscabo o ilegalidad alguna, según declaró.
NUNCA LE LLEGÓ INFORME DE LA INTERVENCIÓN
También manifestó que nunca le llegó ningún informe de la Intervención General ni tuvo sobre la mesa del Consejo de Gobierno ningún informe de actuación al respecto. Según defendió, sólo conocía los criterios generales, relativos a las empresas que estaban en crisis o los procesos de reconversión para ayudar a despedidos o prejubilados.
El expresidente andaluz dijo ante el instructor de la causa en el Tribunal Supremo que en todo Andalucía había 200 directores generales y que él partía de la idea de que el procedimiento a partir del cual se concedían las ayudas era completamente legal.
Por ello, entiende que si la Intervención hubiera considerado que el presidente de Andalucía tenía que estar enterado de la ilegalidad, lo habría comunicado.
Al lo largo de su declaración, Chaves negó igualmente saber si quiera que se hubieran encargado ningún informe a despachos de abogados externos por la Junta de Andalucía como el que realizó la firma jurídica Garrigues advirtiendo de una serie de irregularidades en el sistema de concesión de ayudas socio-laborales.
De otro lado, Chaves manifestó durante su comparecencia judicial que los acuerdos del Consejo de Gobierno sobre el Control Permanente Financiero se hacían en la creencia de la legalidad de las actuaciones y tenían su fuente en la propuesta de la propia Intervención General de la Junta.
Afirmó no conocer personalmente al ex interventor general Manuel Gómez, encausado también en el procedimiento específico, así como que si no elevó informe de actuación sería probablemente porque no advirtió ilegalidad alguna.
En ningún momento se planteo que las ayudas de la Junta fueran incompatibles con las del Gobierno dadas al amparo de la Orden Ministerial de 1995 sobre ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas.
Sobre las ayudas recibidas por distintas empresas en zonas de Andalucía como la Sierra Norte de Sevilla, Chaves manifestó que desconocía el importe de las mismas, si bien sabía que se concedían a zonas en crisis y que conocía la situación de algunas empresas emblemáticas como Delphi en Cádiz o Santana en Linares (Jaén).
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