El Congreso aprobará hoy la convalidación del decreto que permite a los ayuntamientos reinvertir 5.000 millones de superávit en infraestructuras sociales, educativas, deportivas o culturales y así lo han expresado en sus intervenciones todos los grupos salvo EH Bildu, que anunció el voto en contra, y ERC, que se abstendrá.

En la defensa de la convalidación del decreto, que se votará al final de la sesión plenaria, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha subrayado que la norma es fruto de una negociación "sincera, leal y constructiva" entre el Gobierno y las entidades locales.

Montoro también ha hecho un reconocimiento expreso al "excelente trabajo" del municipalismo en España y al diálogo constructivo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), cuya Junta Directiva "con diferentes ideologías ha antepuesto los intereses de sus provincias al servicio del bien común".

Mientras, los grupos han coincidido, pese a su apoyo mayoritario, en que el decreto es "insuficiente" y han pedido que se amplíen las inversiones en planes de empleo, igualdad y vivienda y, en definitiva, que los ayuntamientos dispongan de más flexibilidad.

No obstante, han valorado que el decreto, aunque sea un "parche", es un "parche necesario" por encima de ideologías partidistas y que contribuye a la estabilidad.

En su intervención, el ministro ha considerado que los mecanismos facilitados por el Estado (como la subida excepcional del IBI) fueron "decisivos" para "dar la vuelta" a la situación de las finanzas municipales.

Montoro también se ha referido a los "profetas" que hace unos años querían reducir el déficit cerrando los ayuntamientos.

"¿Dónde están todos aquellos profetas de la reducción de nuestro déficit que abogaban por el cierre de infraestructuras administrativo-políticas que son esenciales" ha preguntado.

Montoro ha asegurado que "no sobran ayuntamientos, ni diputaciones, ni cabildos, lo que sobra es ineficiencia en la gestión de servicios públicos".

En el debate, la diputada socialista Susana Sumelzo ha criticado que el Gobierno no haya flexibilizado la regla de gasto ni escuchado las peticiones de los ayuntamientos.

Ha reconocido que se amplía el catálogo de inversiones aunque se siga sin permitir aplicar el superávit a gastos corrientes, que son los más habituales.

No obstante, ha dicho que el grupo socialista no pondría obstáculos porque aunque el decreto sea "un parche" es "un mal menor" que permite sin más demora la reinversión.

También para el diputado de Ciudadanos Francisco de la Torre la norma es un "parche necesario por encima de luchas partidistas".

De la Torre ha reprochado a Montoro que vincule el superávit a la subida del IBI, le ha pedido que no presuma de subir impuestos y le ha recordado que lo que toca ahora es devolver a los ciudadanos los sacrificios realizados.

Por parte del grupo de Unidos Podemos, el diputado de IU Alberto Garzón ha considerado que el decreto llega "tarde y mal" y posiblemente responde a que algunos ayuntamientos del PP "ven elecciones muy temprano" y le han pedido flexibilidad.

También por parte de este grupo, el diputado Josep Vendrell ha vinculado el decreto a la presión de los "ayuntamientos del cambio".

La diputada del PNV Idoia Sagastizabal ha pedido al Gobierno una "reflexión profunda" sobre la aplicación de la regla de gasto, mientras que por parte del Grupo Mixto el diputado de Compromís Enric Bataller ha dicho que votaría a favor pero "con la nariz tapada", pensando solo en la "urgencia" de los ayuntamientos en gastar su dinero.

Desde el PDeCAT, el diputado Ferran Bel ha expresado su voto a favor pero ha exigido al Gobierno que cumpla sus compromisos mientras que la diputada de CC Ana Oramas ha dicho que el decreto es un "avance pero no es suficiente".

También el diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca, y el de UPN, Jesús Allí, han pedido "un paso más" para flexibilizar la aplicación de la regla de gasto.

Por parte de ERC, la diputada Esther Capella, que ha empezado su intervención denunciando la existencia de presos políticos, ha tildado el decreto de insuficiente y ha pedido que se tramite como proyecto de ley para poder modificarlo.

Sólo la diputada de EH Bildu Marian Beitialarangoitia ha expresado el voto en contra por considerar que los ayuntamientos no deben estar sometidos a la tutela del Estado y la norma supone un "ataque a las competencias municipales".