El colectivo de Ecologistas en Acción alertaba ayer sobre “un nuevo episodio de contaminación” consistente en la deposición de “toneladas de residuos peligrosos” en uno de los márgenes de la carretera A-471, que une a Jerez con la vecina localidad de Sanlúcar de Barrameda, por lo que desde la organización han exigido su “retirada inmediata”.
En un comunicado remitido a este medio, Ecologistas en Acción explican que la ejecución de los trabajos de ensanchamiento de la carretera de Jerez, A-471, está ocasionando “varios focos de vertederos incontrolados”.
Así, denuncian que las obras en la calzada han llegado a un punto que el montante de los rescoldos cuenta con residuos “peligrosos”, lo que para el colectivo supone una “infracción descarada” de la recientemente aprobada Ordenanza municipal de residuos y limpieza pública.
En este sentido, ponen en el punto de mira tanto a la Junta de Andalucía como al Consistorio sanluqueño como “los culpables y responsables de esta situación tan lamentable”
Según manifiestan públicamente, en este episodio “contaminante” están “involucrados la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, por permitir la existencia de estos vertederos incontrolados. La Consejería por ser la encargada de las obras de ensanchamiento de la calzada, y el Gobierno sanluqueño por no frenar la contaminación del municipio”.
Según concretan, los “residuos peligrosos se amontonan en el margen izquierdo de la carretera en dirección Jerez, justo en el kilómetro 1,5, donde la empresa adjudicataria de las obras, Jerez Terra, se encarga de depositar a diario toneladas de materiales altamente tóxicos como tuberías de PVC, restos de hormigón y de alquitrán, cableados eléctricos...”, que califican de “altamente contaminantes”.
Por ello, Ecologistas en Acción exigen a sendas administraciones públicas que la citada Ordenanza Municipal de Residuos y Limpieza Pública sea aplicada en este caso y que se emita “la sanción que corresponda”.
Asimismo, también reclaman la “retirada inmediata” de los mencionados residuos, que se han ido “acumulando en estos terrenos rústicos y que los gastos que generen sean sufragados en su totalidad por la empresa contaminante, que en este caso se trata de Jerez Terra”.
En este orden de cosas, reclaman, además, que estos residuos sean trasladados a un gestor autorizado y que los terrenos “vuelvan a estar limpios recuperando su estado original”.
En este sentido, Ecologistas en Acción aclaran que esta exigencia no parte del colectivo, sino de la propia ordenanza, en la que “se prohíbe el abandono, vertido o depósito directo en la vía pública, solares y descampados, de cualquier material residual”, y destacan que parte del problema radica en que la Patrulla Medio Ambiental que se encarga de estos asuntos “sólo tiene un trabajador”.
Finalmente, indican que remitirán este escrito al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) para que realice las diligencias que correspondan.

Respuesta del Ayuntamiento de Sanlúcar tras la denuncia de los ecologistas:

El expediente sancionador ya está abierto
El Ayuntamiento de Sanlúcar respondía ayer a la denuncia de Ecologistas en Acción alegando que, a través de la Delegación Municipal de Medio Ambiente, notificó el pasado 10 de agosto a la empresa Jerez Terra Construcciones un expediente sancionador por los vertidos de material realizados en uno de los márgenes de la carretera A-471 Jerez-Sanlúcar y le solicitó que devolviera los terrenos a su estado anterior. La propuesta de sanción es de 30.000 euros, la máxima que permite la actual ordenanza municipal.
Asimismo, destacan que el 1 de julio pasado, el Servicio de Vigilancia Ambiental emitió un informe denuncia relativo a la existencia de una gran cantidad de residuos de construcción y demolición en la parcela de un particular, quien aseguró no haber dado autorización alguna para que allí se depositasen residuos.
Ante esta afirmación, se sorprendió vertiendo residuos a la empresa a la que ahora se propone para sanción y a la cual se la hace responsable de todos los vertidos, por lo que el 29 de julio se redactó un informe técnico con propuesta de inicio de expediente sancionador, proponiendo, debido la entidad del vertido, la mayor sanción posible (30.000 euros), además de la obligación de reponer a su estado anterior los terrenos. Con fecha 3 de agosto pasado se firmó el decreto de inicio de dicho expediente, que se notificó el 10 de agosto a la empresa, la cual todavía no ha presentado alegaciones, aunque tiene un plazo 15 días.
Por último, al Ayuntamiento no les consta en ninguno de sus informes realizados la existencia de residuos peligrosos.