El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha presentado este martes en el Parlamento un informe sobre la actividad en 2017 de la oficina que encabeza en el que reflexiona sobre la existencia de derechos "ensombrecidos" y "debilitados" debido a restricciones presupuestarias y fallos en la gestión y coordinación que "impiden" una respuesta efectiva de la administración pública.
En rueda de prensa tras reunirse con el presidente de la Cámara autonómica, Juan Pablo Durán, Maeztu ha hecho hincapié en la "amenaza" que para la aplicación de dichos derechos supone en muchas ocasiones la falta de disponibilidad presupuestaria. Así, frente a la mediación de la Defensoría por este asunto, "reconocen que tienen razón pero no pueden hacer nada por la limitación de gasto".
Es, para el Defensor, "unánime" la necesidad de una "importante" apuesta por la inversión en derechos públicos, blindando la misma para que no quede a expensas de la situación económica, así como de priorizar los derechos vinculados al Estado de Bienestar sobre los criterios económicos.
