El exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández ha afirmado este martes, durante la trigésimo sexta sesión del juicio contra 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz por el procedimiento específico por el que se condecían las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, que "no éramos insensatos" --en la Consejería-- para mirar "para otro lado" de haber conocido una situación de "manifiesta ilegalidad" en la gestión de las ayudas investigadas.
Lo que de bueno tenga estas políticas sociolaborales hay que imputárselo a las dos administracionesFernández, para quien la Fiscalía solicita ocho años de prisión y 30 años de inhabilitación por un delito de prevaricación y otro de malversación, ha aseverado que "no hacer nada no era una opción" en caso de haber sido advertido de que se estuviera haciendo mal.
Así lo ha explicado después de haber asegurado que el borrador del informe adicional sobre las cuentas del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) del ejercicio 2003 conocido en 2005, que él no conoció personalmente, "no contenía nada sustancial, ni cuestionaba el procedimiento". "Ninguno de los que lo conocieron en la Consejería vieron avisos para tomar una decisión", ha añadido.
Ante la hipótesis de haber conocido irregularidades en la revisión de expedientes que llevó a cabo la Intervención de la Junta para hacer el informe adicional de 2003, Fernández ha asegurado con rotundidad que "hubiésemos hecho todo para hacer bien lo que se hacía mal". "En nadie había la conciencia de que se estuviera haciendo mal", ha insistido, añadiendo que "no hacer nada no es una opción y menos en una administración como la Junta donde se deja huella".
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