La legislatura emboca ya su recta final y hay aún asuntos pendientes. Uno de ellos es la creación de una Oficina Contra el Fraude Fiscal y la Corrupción, una promesa recogida en el programa electoral con el que el PSOE de Susana Díaz se presentó a las elecciones autonómicas de 2015 y uno de los acuerdos del pacto de investidura suscrito con Ciudadanos al comienzo de la legislatura, que sigue pendiente de pasar de promesa a realidad.
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, lo prometió en 2015, primero como candidata y también en su discurso de investidura. Incluso se le puso fecha. Varias veces. En noviembre de 2015, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, avanzó que la Junta pondría en marcha a lo largo de 2016 su propia Oficina de prevención del fraude y contra la corrupción, cuyo objetivo sería "garantizar un control riguroso de los recursos públicos".
El anuncio lo hizo Montero tras reunirse en Sevilla con el jefe de Unidad de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), Eduardo Cano Romera. Montero defendió entonces la medida como una "exigencia democrática" para "dar respuesta inmediata a cualquier duda que los ciudadanos puedan tener sobre la utilización del dinero de todos". La creación de esta Oficina se planteaba en aquel momento, con varios casos de corrupción en los juzgados (ERE, Formación...), como "un paso más en la firme intención del Gobierno andaluz de aplicar un control efectivo sobre los fondos públicos".
El Consejo de Gobierno de la Junta, el 5 julio de 2016 se opuso a tomar en consideración la Proposición de Ley planteada por el grupo parlamentario de Podemos para crear la Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de Andalucía. ¿La razón? Que ya se estaba "trabajando en la elaboración de una normativa adecuada que dé forma a dicha Oficina, con un encuadre ajustado a los órganos ya existentes".
Pero 2016 pasó y de la Oficina contra el Fraude Fiscal y la Corrupción no había echado a andar. En febrero de 2017, era la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, quien anunciaba en el Parlamento de Andalucía, durante una sesión de control al Gobierno, que el decreto para la creación de la Oficina contra el Fraude Fiscal estaba ya elaborado y en disposición de aprobarse en el primer semestre del año. Y daba detalles sobre los dos ámbitos de actuación de la Oficina: la prevención y lucha contra la corrupción, por un lado, y contra el fraude fiscal, por otro. E incluso avanzó que el nuevo órgano tendría competencias preventivas y sancionadoras.
En junio de 2017, por fin, se hizo público el decreto. La Oficina no aparecía como un ente independiente, sino subordinado a la Consejería de Hacienda, y se volvía a dar una fecha para su puesta en funcionamiento: enero de 2018. Y nada. La Oficina Contra el Fraude Fiscal y la Corrupción, cuando la legislatura se encamina ya hacia su final, sigue siendo una promesa incumplida y un acuerdo del pacto de investidura pendiente.
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