Antonio Fernández, el exconsejero de Empleo y exviceconsejero del ramo, ha manifestado este miércoles en el juicio por la pieza política de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que se sintió "absolutamente inseguro, indefenso y acosado" durante los cuatro días que duró su declaración en abril de 2012 ante Mercedes Alaya, quien fuera juez instructora del caso en sus inicios, declaración en la que "no se respetaron sus derechos".

A preguntas de su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, en la trigésimo cuarta sesión del juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz por el procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis en los ERE, Fernández, para quien el Ministerio Fiscal solicita ocho años de cárcel y 30 años de inhabilitación por un delito de prevaricación y otro de malversación, ha insistido en que no ratifica el acta de la declaración ante Alaya tras "más de 40 y tantas horas" y tras la que la magistrada, el 24 de abril, ordenó su ingreso en prisión. Abandonó la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla) el 11 de agosto tras abonar la fianza de 450.000 euros impuesta por la Audiencia de Sevilla.

"En ningún caso me retracto de nada, pues dije la verdad entonces y ahora", ha afirmado Fernández, que ha argumentado que no la ratifica por cuestiones formales, como que el acta no recoge "con fidelidad" lo dicho y las respuestas están "descontextualizadas". El acta tiene "carencias importantes".

Igualmente, entiende "humilde y honradamente" que aquellos días se produjo "una lesión importante de mis derechos". Por esto, ha aclarado que si ante el fiscal, al inicio de su interrogatorio en esta vista oral, no se refirió a este asunto es porque creyó que que decir públicamente que un magistrado "lesiona los derechos es duro y grave".

"Es ingrato y no sé si me perjudica contar aquellos días y cómo se lesionaron mis derechos", ha confesado Fernández, quien compareció ante Alaya tras 14 meses imputados por tres delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencia siendo informado de su imputación por un telegrama.

Antes de comenzar a declarar ante la instructora el 20 de abril fue informado de que, a través de un nuevo auto con más de 60 folios, se le imputaban seis nuevos delitos, añadiendo cuatro, entre ellos, cohecho, falsedad documental y obtención de ayuda pública. Asimismo se le imputaba, según ha declarado Fernández, ser beneficiario del ERE de González Byass, "incluso antes de que se elaborara el atestado policial" y no constando en la instrucción.

A pesar de haber sido aconsejado que se acogiera a su derecho a no declarar, Fernández declaró, manifestando ahora el "daño moral, el temor y la angustia" que sufría desde la imputación. "Me sentía acosado" para dejar el cargo de presidente del Consejo Regulador del Vino del Marco de Jerez, al que accedió en 2010 tras ser cesado como consejero. "Valoré que si declaraba y decía la verdad podía evitar la prisión", a la que ya había sido enviado algunos de los imputados, como el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

Además, ha rechazado que fue objeto de un modo de preguntar "no procedente, con voz alta y manera imperativa, siendo acosado a responder en el sentido que quería la instructora".

El interrogatorio de Martínez del Hoyo a Fernández ha sido interrumpido varias veces por el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle, para ver la finalidad a la que conducía las preguntas del abogado defensor. Del Hoyo ha considerado "fundamental" las cuestiones para que el tribunal tome en consideración de cómo se realizó aquella declaración, "con falta de garantías".

El exconsejero ha señalado que tras terminar las declaraciones durante los cuatro días sobre las 23,00 horas, el acta tenía que firmarlo sobre las 01,00 horas, entonces "primaba la necesidad de descansar a leer", añadiendo que no se leía las actas.

Según ha defendido Martínez del Hoyo, "la falta de garantías" en la declaración fue "acogida" por la Sección Séptima de la Audiencia en el recurso contra el auto de prisión de Alaya, quien estimó el recurso y desestimó los cuatro nuevos delitos imputados "sorpresivamente".

INTERVENCIONES DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

En este punto, el presidente del tribunal ha interrumpido al abogado de Fernández para recordarle que esos delitos no son objeto de enjuiciamiento y que esas consideraciones están recogidas en auto --de la Sección Séptima-- incorporado a la causa. Así, también le ha indicado que ni el auto de PROA, ni el de apertura de juicio oral, ni los escritos de acusación recogen esos delitos.

Igualmente, el magistrado Juan Antonio Calle ha preguntado a Fernández si todas esas "vicisitudes" que ahora manifiesta sobre la declaración ante Alaya pidió que constaran en las de las declaraciones, ante lo que el exconsejero ha dicho que no, ni recuerda que lo hiciera su abogado. Tampoco pidió su aplazamiento, aunque su letrado sí.

"A la vista de esas vicisitudes, ¿por qué firmó el acta?", ha preguntado el presidente del tribunal, manifestando que no lo entiende si consideraba que estaba "descontextualizado ni recogían fielmente" lo dicho. "No leía las actas, no tenía capacidad por agotamiento físico y psíquico", ha afirmado el exconsejero, que ha comentado que leyó las actas en su tiempo en prisión.

"Es incompatible no ratificar las actas de la declaración y no retractarse", ha aseverado el magistrado, pidiendo a Fernández que se aclare. "Asumo el error de haber firmado el acta, pero no me retracto de lo dicho, sino que lo que dije no es lo que recogen las actas", ha manifestado Fernández.

ERE DE GONZÁLEZ BYASS

Antes de ser cuestionado por su abogado por el ERE de González Byass, el presidente del tribunal ha advertido al abogado de que los hechos enjuiciados en esta causa "están claros" y ha apuntado que "existen piezas separadas por las ayudas", recordando que ya adelantó en otras sesiones que permitiría preguntas sobre ayudas relacionadas con el objeto de enjuiciamiento, pero "concretas". Aunque Martínez del Hoyo ha recordado que el fiscal preguntó al exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías por la presencia de Fernández en el citado ERE.

Fernández ha explicado que fue trabajador en González Byass desde los 14 años y a partir de 1983 hasta 2010, cuando fue objeto de despido, estuvo en excedencia forzosa por acceder a cargo público. En este momento de la declaración, el magistrado ha llamado la atención a una persona del público por hacer gestos de desaprobación.

En 2010, según ha recordado, González Byass formalizó un ERE para 94 trabajadores mayores de 55 años, entre los que se encontraba "por ley al ser personal en excedencia". "No participé en las ayudas sociolaborales" que dio la Junta y en este caso "me desvinculé del todo", ha asegurado.

El comité de empresa interesó solicitar las ayudas sociolaborales a la Junta, siendo incuido en el expediente. Si bien, no suscribió en mayo de 2008, siendo convocado por el comité los 84 afectados, el boletín de adhesión, sin el que no nace el derecho para ser beneficiario. "Lo firmaron 83, no quería póliza, ni la necesitaba, ni la suscribí", ha insistido. "Yo no he percibido, ni percibo, ni percibiré" ayuda por el ERE de González Byass.

No obstante, sí solicitó la indemnización por el despido, con fondos de la empresa, pues cuando se conocieron los hechos investigados fue cesado, "había pasado por la cárcel, pasé del todo a la nada". "No recibí mi indemnización porque fue embargada por la fianza", ha precisado, antes de concluir por hoy el interrogatorio de su abogado, que continuará el lunes y previsiblemente durará toda la sesión, lo que supondrá que el turno del expresidente de la Junta José Antonio Griñán para ser interrogado llegará el próximo martes.