Uno. La Junta de Andalucía, personada como acusación particular al considerarse perjudicada durante la instrucción del caso ERE, decidió llegado el momento retirarse y no formalizar acusación de ningún tipo contra los procesados en la denominada pieza política, entre los que se cuentan 22 antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía, incluidos ocho miembros del Gobierno andaluz, con los expresidentes Griñán y Chaves a la cabeza. No apreciaba delito alguno en la creación y el mantenimiento de un sistema para repartir de forma arbitraria y eludiendo cualquier control, las ayudas de los ERE.
Dos. Pese a considerar que no existía delito, la Junta sí entendió que la forma de actuar de al menos algunos de los procesados en la causa sí había generado un perjuicio a las arcas públicas de las que salió el dinero (mediante un procedimiento creado y mantenido, o sea, para repartir las ayudas eludiendo cualquier control). Y optó por reclamar por la vía civil la devolución del dinero defraudado, presuntamente, y que el instructor cifra en unos 741 millones.
Tres. La juez María Núñez Bolaños, que sustituyó a Mercedes Alaya en la instrucción de los ERE, está repitiendo en el sinfín de piezas separadas de la causa principal de los ERE que ya lleva archivadas que recibir dinero y beneficiarse de ayudas repartidas arbitrariamente no es delito y que, por tanto, las empresas o las personas que se beneficiaron no son más que “víctimas” del sistema.
Cuatro. Los procesados están sosteniendo en sus declaraciones ante el tribunal que enjuicia el caso dos líneas de defensa: que no sabían nada y que, los que algo sabían, como el exinterventor, las irregularidades no implicaban “menoscabo de fondos”.
Cinco. El Tribunal de Cuentas no se mete, porque no le compete, en si hay delito o no en el procedimiento. Pero va y dice que el dinero que salió de aquella manera de las arcas públicas hay que devolverlo, porque sí hubo “menoscabo”. Así dicho. Y se lo reclama por igual a quien tomó la decisión de darlo y a quien lo recibió.
¿En qué quedamos? ¿Se saquearon o no las arcas públicas para repartir arbitrariamente cientos de millones?
