La oposición echó en falta algunos informes técnicos concernientes a la operación y criticaron su tramitación porque la aprobación del expediente fue firmada por decreto por el alcalde, Enrique Moresco. Esto se ajusta a ley ya que la valoración del subsuelo era de 2,3 millones, no superando el diez por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni la cifra de 3.005.060 euros ni estar prevista la enajenación del suelo en los presupuestos municipales.
La decisión de que fuese firmado por el alcalde fue comunicado un día antes de que se celebrase la junta general de Impulsa (Pleno) a la Intervención municipal, que supo entonces que el expediente iniciado por el área de Patrimonio que dirige la concejal Leocadia Benavente había sido modificado.
El informe de Intervención, al que ha tenido acceso este medio, señala varias lagunas en la tramitación de este expediente, y básicamente se indica un informe de los administradores de la sociedad Impulsa El Puerto como el causante, y que viene a recoger las razones de la ampliación del capital. Este documento ‘Propuesta de ampliación de capital al objeto de hacer frente a proyecto de expansión’ fue realizado en junio de 2009 e incorporado al expediente de Patrimonio con un escrito del gerente de la empresa, Cayetano Gómez. Según la Ley de sociedades de responsabilidad limitada, este informe debe estar basado en un acuerdo previo del consejo de administración de Impulsa pero el visto bueno de este órgano “no es conocido” por la Intervención el día antes de que se apruebe la operación en junta general, el 16 de julio.
Señala la Intervención también que en ese informe se debía aportar un escrito de expertos independientes designados por el registro mercantil para que certifiquen que “no han aparecido circunstancias nuevas que puedan afectar a la valoración inicial” de las aportaciones sociales de Impulsa. Hay que indicar que lo aprobado en julio eleva el valor nominal de las participaciones en 162,25 euros cada una, situándose en 1.120,25 euros. Su contravalor ascendería a 2,3 millones, el mismo valor que el informe de tasación da al subsuelo de la plaza. En este sentido la Intervención entiende que la ampliación de capital “no cumple íntegramente este precepto y puede no ser validado ni inscrito por el registro mercantil por esta omisión”. Al faltar esta valoración pericial, la responsabilidad de los administradores y de los socios, la junta general y del consejo de administración por la difeerencia que pudiera existir entre la valoración declarada y el valor real de las aportaciones no dinerarias, se mantiene. Por último, el informe de intervención advierte de la falta de un documento que indique la forma de gestión del servicio y que la determinación de la misma es una facultad reservada al Pleno. Por ello considera necesario la realización de un estudio jurídico que establezca la forma de gestión de la explotación del aparcamiento.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
