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Martes, 24/04/2018

Andalucía

Aguayo: ni Intervención ni sus técnicos le advirtieron de ilegalidad

En el procedimiento de concesión de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis

  • Carmen Martínez Aguayo.
  • El juez ha reprendido a la exviceconsejera su tono "arrogante" en las respuestas

Carmen Martínez Aguayo, quien fuera viceconsejera de Hacienda entre abril de 2004 y abril de 2009 y consejera del ramo desde esa fecha hasta el 9 de septiembre de 2013, ha señalado este lunes que ni la Intervención General ni su equipo técnico le advirtieron de ilegalidad en el procedimiento de concesión de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis.

"La Viceconsejería y la Consejería actuamos cuando se nos requiere ante la existencia de discrepancias

Así lo ha manifestado durante su declaración este lunes en la sesión vigésimo quinta del juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

Martínez Aguayo, para quien la Fiscalía solicita una pena de seis años de prisión y 30 años de inhabilitación por un delito de prevaricación y otro de malversación, ha asegurado que los informes del Control Financiero Permanente (CFP) alertando del uso "inadecuado" del procedimiento usado para la concesión y pago de las ayudas, de los que era "receptora" la Viceconsejería, "no pasaban por su mesa", sino que eran leídos por su equipo técnico, que, junto a la Intervención, no le advirtió de ilegalidades en el mismo.

"No eran objeto de mi trabajo, sino de mi gabinete técnico, que me pasaba resúmenes de los mismos, aunque no me comentaron nada" relevante, ha insistido Aguayoe. "La Viceconsejería y la Consejería actuamos cuando se nos requiere ante la existencia de discrepancias", ha añadido Aguayo, a quien el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, le ha reprendido el tono "arrogante" de sus respuestas a las preguntas formuladas por el fiscal Manuel Fernández y requiriéndole que centre sus respuestas a las cuestiones planteadas, pidiendo ella disculpas inmediatamente.

"NUNCA SE LE REQUIRIÓ ACTUAR PARA ELEVARLA A GRIÑÁN"

Ha explicado que la Intervención solicita que se actúe cuando detecta menoscabo de fondos públicos o cuando no se siguen sus recomendaciones, algo que no se dio. Además, ha precisado que la actuación de la Viceconsejería ante estos supuestos están regladas, elevando la discrepancia al Consejo de Gobierno, que es quien tiene capacidad de decisión. La ex alto cargo de la Junta ha insistido en que "nunca se le requirió una actuación para elevarla al consejero" del ramo, entonces José Antonio Griñán".

La declaración de la exviceconsejera ha comenzado ratificando su declaración ante el Tribunal de Justicia de Andalucía (TSJA) en abril de 2015, en la que aseguró que no se leyó los informes de la Intervención General que alertaban de las irregularidades porque recibía más de 100 informes al año y que nunca entendieron que hubiera que hacer nada ante estos informes.

La exviceconsejera ha defendido las continuas mejoras que iba realizando la Intervención General sobre el Control Financiero Permanente, cuyo alcance se recogía anualmente en un acuerdo del Consejo de Gobierno. Precisamente, según ha resaltado, los acuerdos anuales permitían a la Intervención a hacer informes de actuación si detectaban "menoscabo" de fondos o no se seguían sus recomendaciones.

De otro lado, ha apuntado que "despachó" con "énfasis" con el entonces consejero de Hacienda, José Antonio Griñán, las medidas de mejoras propuestas por la Intervención General, entre las que estaba la realización de informes trimestrales en el marco del Control Financiero Permanente, sistema que ha defendido Aguayo frente a la fiscalización previa. "No despaché con él los informes adicionales", ha asegurado posteriormente, y ahora considero que tampoco debería haberlo hecho porque "no se nos requería actuar" ante supuestas irregularidades.

En este sentido, ha subrayado que "todos los gastos de la Junta" están sujetos a fiscalización. "No es verdad que la fiscalización previa sea mejor que el Control Financiero Permanente, más bien al contrario, pues el CFP es más cualificado, extenso y moderno. Es tan bueno como la previa", ha insistido en este asunto.

LAS TRANSFERENCIAS "NO SON ILEGALES"

El Ministerio Público ha expuesto a la exconsejera varios informes de CFP, momento en el que Martínez Aguayo ha señalado que la Intervención "no dice que las transferencias de financiación sean ilegales, sino que las encomiendas de gestión son mejores" y aboga por una mejor regulación de éstas. A este respecto, ha reiterado que la Intervención General "no tacha de ilegalidad las transferencias, sino que propone un cambio por las encomiendas de gestión".

Sobre las modificaciones presupuestarias, Martínez Aguayo ha señalado que éstas no son un instrumento de dotación sino un cambio de fondos de una aplicación presupuestaria a otra; explicando que su labor como viceconsejera era la de elevarlas al Consejo de Gobierno para su aprobación, sin que ella tuviera competencias para impedirlas. "Nunca he ido contra la ley", ha expresado.

Además, ha asegurado que éstas son auditadas por la Cámara de Cuentas, sin que ésta haya emitido comentario negativo alguno al respecto o haya expuesto "tacha de ilegalidad".

Como ya hicieran otros encausados en este procedimiento, ha aclarado que "no existía déficit" en el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posteriormente agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), en 2003, como se recogía en los informes adicionales o en informes externos, sino un desfase entre el dinero transferido por la Dirección General de Trabajo al ente instrumental para pagar las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis y los compromisos adquiridos por la Consejería de Empleo sobre éstas, en virtud del convenio marco de 2001 entre la Consejería y el IFA para abonar estas ayudas con cargo a la partida 31L.

Ante esto, ha manifestado que tuvo conocimiento de este desfase en un consejo rector de la IFA/IDEA, del que era miembro. Mientras que sobre la retención de crédito a la agencia, la exconsejera ha señalado que la Intervención General nunca le trasladó este asunto, ni ella a Griñán, aunque la valora como una medida de "prudencia" para asumir el pago de esos compromisos anteriores como preferente. Además, ha indicado que eran saldos internos entre órganos de la administración y que se saldan perfectamente.

Tras más de dos horas y media de interrogatorio del fiscal, Martínez Aguayo ha respondido a las preguntas de su abogado, Víctor Moreno Catena, explicando que las transferencias de financiación eran instrumentos habituales y frecuentes, en "todas las administraciones", para "allegar fondos a entes públicos", sobre las que la Cámara de Cuentas no puso "ninguna objeción" en su fiscalización de las mismas. Este procedimiento estaba "establecido y validado" en tres leyes de presupuestos cuando ella llegó a la Viceconsejería. "No pensaba que una ley fuese a ser ilegal", ha expresado.

Ha manifestado que ha conocido en la causa el informe adicional de 2005 sobre CFP de IFA/IDEA del ejercicio 2003, aludiendo, como ya hiciera el ex interventor general Manuel Gómez, que las deficiencias detectadas en el análisis de los expedientes administrativos de los convenios de ayudas estaban analizadas por el "tamiz" de la Ley de Subvenciones, y de haber sido otro el "tamiz" el informe hubiese "sido distinto".

Moreno Catena, en último lugar, le ha preguntado directamente si ideó o participó con el resto de encausados para establecer o mantener un procedimiento para la concesión de ayudas con el fin de eludir la fiscalización de las mismas. "En ningún momento, pues siempre acepté las mejoras de control propuestas por la Intervención General", ha respondido.

Este martes el turno de declaración será para el ex director general de IDEA Jacinto Cañete, para quien la Fiscalía solicita ocho años de prisión y 30 años de inhabilitación

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