El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha reclamado al Gobierno central una "apuesta ambiciosa" por el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) que eleve la cuantía del mismo hasta los 9.719 millones de euros, de los cuales a Andalucía le corresponderían 3.604 millones de euros, el 37,1 por ciento del total.
Ramírez de Arellano ha recordado en su comparecencia en comisión parlamentaria que este fondo es una partida que el Gobierno de España consigna anualmente en los Presupuestos Generales del Estado para financiar inversiones que son ejecutadas por las comunidades autónomas, cuyo objetivo es "corregir los desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad que establece la Constitución", toda vez que "se trata de transferencias directas que no forman parte del cálculo de la Disposición Adicional Tercera (DAT)".
El titular de Economía ha explicado que la cantidad solicitada es resultado de aplicar lo que suponía sobre el PIB el FCI en el año 1982 (0,84 por ciento), cuando fue creado el Fondo, al PIB previsto para 2017, una reclamación que se hace después de que el Gobierno haya asignado este año al fondo 432,4 millones de euros, "cifra idéntica a la consignada en los presupuestos de los tres últimos años para el conjunto de las comunidades y ciudades autónomas beneficiarias". Ha precisado que para Andalucía se ha establecido una inversión de 160,9 millones, similar a la de 2017 (160,3 millones).
En ese sentido, ha recordado que en la legislatura 2012-2016 "se ha dedicado al FCI una media de 516 millones de euros para España y 184 millones para Andalucía", de forma que "se ha registrado una disminución del presupuesto del FCI del 57 por ciento en España y del 56 por ciento para Andalucía".
Para el consejero, "es difícil que con un fondo que se dota con 16 euros por habitante se pueda corregir la brecha existente entre las regiones españolas de más 10.000 euros por persona". Por eso, ha reclamado "que se recupere el sentido y la función de este Fondo, con una dotación suficiente para corregir las divergencias del PIB entre regiones".
Ramírez de Arellano ha resaltado además "la buena gestión" que realiza la Junta de Andalucía de estos fondos "que se dedican íntegramente a inversión", para los cuales se realiza una programación inicial cuando se aprueba el presupuesto de la comunidad que se ajusta posteriormente sustituyendo proyectos que tengan un grado de ejecución no suficiente por otros que cumplan los requisitos del Fondo, con objeto de aprovechar íntegramente su dotación. Esta reprogramación, ha apuntado, "es aprobada íntegramente y sin ninguna objeción por el Ministerio de Hacienda".
Asimismo, durante la intervención, el consejero ha vuelto a reclamar también al Gobierno el cumplimiento de la Disposición Adicional Tercera (DAT) del Estatuto de Autonomía de Andalucía que establece, en su apartado segundo, que la inversión destinada a la comunidad será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un período de siete años.
De este modo, ha apuntado que a Andalucía le corresponderían del periodo 2008-2014 un total de 2.298 millones de euros, "cifra que supone una merma de inversión en la economía andaluza equivalente al 1,6 por ciento del PIB".
Por otro lado, ha recordado que el FCI "se crea para corregir desequilibrios económicos interterritoriales, pero hay grandes diferencias entre comunidades", ante lo que considera que el Gobierno "debe dejar de contribuir a aumentar la brecha existente", a pesar de que "se ha registrado una reducción considerable del FCI".
"Debe existir una apuesta del Gobierno por recuperar el FCI", ha aseverado Arellano, quien ha dejado claro que la Junta "está gestionando bien los recursos del FCI y queremos recuperar la visión del mismo, como mecanismo interregional".
EL GRADO DE EJECUCIÓN COMO CRITERIO
El consejero asimismo ha explicado que la reprogramación de fondos "es algo normal en los últimos años", de manera que el FCI "permite adaptar la programación inicial al grado de ejecución", de forma que "se ha reprogramado pero se han mantenido muchas áreas; muchas dotaciones se han mantenido en su dotación inicial".
De esta forma, ha apuntado que "el criterio fundamental para la programación y reprogramación es el grado de ejecución de cada una de las políticas", de forma "el criterio es la seguridad de que se van a ejecutar, y no otro, no tiene nada que ver con cuestiones políticas". "Partimos de una previsión inicial y el criterio que se sigue es que haya seguridad de ejecución en tiempo y forma", ha aseverado.
CAPÍTULOS REPROGRAMADOS
El diputado del PP Jaime Raynaud ha pedido a la Junta que "dé ejemplo apoyando al Gobierno" en la reforma del sistema de financiación autonómica, "sistema que ustedes pusieron en marcha, aplaudieron y sustentaron con fervor" y considera que "tiene poco peso hablar de los agravios".
Raynaud ha criticado que el "bajo grado de ejecución" y la "incapacidad de gestión" las partidas del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), de forma que "queremos saber qué incidencias se produjeron y que obliga a que el nivel que debería estar llevándose a cabo no sea capaz de cumplirse". "La Junta tiene una incapacidad para la correcta ejecución y gestión adecuada de los presupuestos", se ha lamentado.
A su juicio, "la incapacidad de gestión de las partidas es una exclusiva responsabilidad de la Junta", tras lo que ha criticado que la Junta "ha reprogramado a la baja una serie de fondos, destinados a viviendas, empleo, empresa y comercio, educación o cultura, por valor de 51,8 millones de euros".
"Ha pegado tajos importantes", ha lamentado.
Por su parte, según ha apuntado, la Junta "ha reprogramado al alza acciones y fondos del FCI para mejora de las autopistas y carretera y mejora del medio ambiente", debido a que "existe una pésima planificación del mantenimiento de las carreteras, donde ha tenido que aumentar la partida en 27 millones".
En ese sentido, ha criticado que "la Junta está reivindicando continuamente un plan de empleo, pero ha reducido partidas del FCI destinada a empleo por más de 14 millones", de forma que "existe una contradicción en los discursos".
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