El ex director general de Trabajo de Andalucía Javier Guerrero, uno de los principales acusados en la pieza política del caso ERE, no ha ratificado sus declaraciones ante la Policía y la Guardia Civil al alegar que "en ese momento tenía mucha presión mediática y de la Policía para declarar".
El juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, se ha reanudado hoy con el interrogatorio a los acusados, empezados por Guerrero, que ha anunciado que sólo responderá a las preguntas de su abogado.
Ante su negativa a responder a las acusaciones, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se lean las declaraciones realizadas por Guerrero ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 2011 y 2012 durante la investigación judicial, unas declaraciones en las que Guerrero señaló que sus superiores conocían las ayudas que concedía.
Guerrero es uno de los principales implicados en el caso ERE y de los pocos que ha pasado por prisión, ya que desempeñó el cargo durante la mayor parte del periodo investigado (2001-2011) y su departamento era el que concedía las ayudas sociolaborales bajo sospecha.
En estas declaraciones, Guerrero negó conocer la inclusión en los ERE subvencionados de "intrusos" (personas que nunca trabajaron en las empresas en las que se prejubilaron) y aseguró que "sólo aplicó el sistema que sus superiores le impusieron".
Afirmó que desde 2001, el entonces viceconsejero de Empleo y presidente del IFA Antonio Fernández le comunicó que a partir de ese momento se concederían las ayudas siguiendo el convenio suscrito entre IFA y el consejero de Empleo José Antonio Viera con el objeto de "evitar reticencias de la Intervención pero no controles".
Alegó que a él ese sistema "no le parecía adecuado" y ordenó elaborar varias órdenes y decretos para regularlo "que no pasaron de borradores" al no pasar "el filtro de los consejillos", reuniones de los viceconsejeros presididas por el entonces titular de Presidencia Gaspar Zarrías.
Aseguró que no pedía autorización para la concesión de las ayudas pero sí daba cuenta de sus actuaciones y que eso debía ser debía ser conocido por el Consejo de Gobierno.
También declaró entonces que tenía "constancia" de que a raíz del "escándalo" de Mercasevilla se "han destruido documentos" tras asegurar que elaboraba expedientes de las ayudas.
Tras la lectura de ambas declaraciones, Guerrero ha rechazado ratificarlas porque "en aquellos momentos tenía una presión tremenda tanto mediática como de la Policía para que declarara y además entiendo que no se recoge exactamente lo que dije".
La lectura de las declaraciones de Guerrero durante la instrucción, que continuará tras un receso, ha sido motivo de protesta por su defensa y la de otros acusados, si bien el tribunal ha rechazado que se pronuncien en este momento.
El interrogatorio de su abogado a Guerrero no comenzará hasta que terminen de leerse todas sus declaraciones en la instrucción.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
