Dos meses después de que arrancara el juicio de la llamada pieza política del caso ERE, y tras un mes de parón, este lunes comenzarán a prestar declaración los 22 ex altos cargos de la Junta procesados, entre ellos los ex presidentes Chaves y Griñán. El primero, así al menos lo ha solicitado la Fiscalía, será Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta entre octubre de 1999 y abril de 2008, y piedra angular de todo el caso.
Guerrero fue quien, en declaraciones a la Policía, bautizó la partida 31.L, de la que salía el dinero para las ayudas sociolaborales que la Junta administraba a empresas en crisis, como “fondo de reptiles”. Se enfrenta a 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación.
Había sido alcalde de El Pedroso en 1995 con mayoría absoluta, mayoría que revalidó en junio de 1999, tres meses antes de ser nombrado director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta. Se cuenta la anécdota de que, en una ocasión, un empresario de su pueblo, al que le prometió una ayuda de 36.000 euros para una obra, le preguntó de qué linea de ayudas salía el dinero. “Pormisco”, contestó Guerrero. El empresario no conocía esos fondos. Y Guerrero se lo aclaró: “Por mis cojones te van a dar el dinero”.
Según la instrucción del caso, entre los años 2000 y 2011, la Junta utilizó un “procedimiento específico” para repartir las ayudas eludiendo los mecanismos de control sobre el dinero.
Sólo se juzga el procedimiento
La Audiencia de Sevilla ha dejado claro en su último auto que en este proceso no se enjuiciarán las ayudas concedidas a las empresas, sino el sistema que posibilitó que estas ayudas se concedieran de forma arbitraria y discrecional y las decisiones adoptadas para crearlo o mantenerlo a lo largo del tiempo, lo que permitió conceder casi 855 millones de euros, de los que la Junta sólo llegó a abonar 741 millones.
Después de Guerrero, si se mantiene el orden fijado por la Fiscalía, serán interrogados por las partes el resto de los 22 procesados, entre los que hay 8 antiguos miembros del Gobierno andaluz: además de los ex presidentes Chaves y Griñán, están acusados los ex consejeros Antonio Fernández, José Antonio Viera, Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo.
Tras los procesados, le tocará el turno a los peritos y el resto de los testigos, unos 150, tras incorporarse algunos propuestos por las partes en la fase de cuestiones previas.
Entre los testigos incorporados a última hora destacan el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, los ex consejeros Antonio Ávila y Mar Moreno y una ex alto cargo del Gobierno de Aznar, Soledad Córdova, investigada en la pieza separada del ERE de la Faja Pirítica de Huelva. No lo hará la presidenta de la Junta, Susana Díaz.
No hubo asociación ilícita
Por otro lado, la Audiencia de Sevilla ha decretado, en el auto emitido tras estudiar las cuestiones previas planteadas por las partes, la nulidad parcial del auto de apertura de juicio oral de 3 de noviembre de 2016, en lo relativo a la apertura del juicio por un delito de asociación ilícita, que lo imputaba la acusación que ejerce el PP a todos los procesados, y por el que pedía dos años de cárcel para cada uno de ellos.
El tribunal resuelve también la cuestión planteada por la Fiscalía en relación a que hiciera un “previo y expreso pronunciamiento que confirme la delimitación objetiva de la causa”. La Audiencia se remite a “las resoluciones judiciales firmes recaídas tanto en la fase de instrucción, como en la fase intermedia” y concluye que “las ayudas individuales no son objeto de enjuiciamiento en la presente causa”.
El juicio comenzó el día 13 de diciembre de 2017 con la lectura de los escritos de acusación formulados por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones que ejercen PP-A y Manos Limpias. Los dos días siguientes se centraron en la lectura de los escritos de defensa de los acusados. Hasta enero no se pudieron plantear las cuestiones previas, que acaba de resolver la Audiencia.
