Eso sí, Territorio y Ciudad advierte que no puede decretarse una “amnistía” aunque tampoco obviar una realidad que va a seguir existiendo. Significativo es que el equipo técnico ponga en evidencia que una mayoría de viviendas superan los cuatro años de construcción (las de la zona noroeste) y por tanto la Administración no puede proceder ni a su sanción ni a su demolición, dejándola en una situación singular. Es, en todo caso la Administración la que debe asumir ese compromiso de regularización junto a los directamente afectados o beneficiarios y “con todas sus implicaciones”. O lo que es lo mismo, según entiende TyC, los residentes deben participar en todos los costes derivados en la ejecución de las infraestructuras y en la obtención de las dotaciones que precisan las edificaciones ya existentes. “Es un principio irrenunciable”, ya que de lo contrario sería inviable económicamente transformar esos núcleos en auténticas zonas residenciales.
Pero, tal y como ya había manifestado el equipo redactor en ocasiones previas, “la normalización no puede ser idéntica en todos los casos” y no existen “soluciones homogéneas”, de ahí que se hayan agrupado los diseminados en distintos apartados a los que se les otorga una calificación de suelo diferente según su grado de consolidación, la capacidad de integración que tenga con el resto de la ciudad, su conexión con las infraestructuras, la densidad de las construcciones, etc. Según la clasificación la regularización tendrá unas particularidades o exigencias propias.
El Plan delimita 50 áreas con fines de “normalización e integración urbana-ambiental” y diferencia aquellas a las que el planeamiento otorga una ordenación pormenorizada (22)y las que la tienen diferida (28). Los primeros son zonas que están muy colmatadas por viviendas y no disponen de terreno para cederlos a las administraciones para dotaciones y equipamientos. Como solución, el Plan propone que los propietarios de estas parcelas logren suelo en las seis grandes zonas dotacionales que se han fijado en La Salud, La Herradura, Rompeserones, La Caridad, Las Marías y Cantarranas.
Para las segundas, que aún cuentan con suelos disponibles, los técnicos proponen que elaboren un plan especial de integración que pase por ofrecer servicios terciarios, dotacionales, crear una red viaria adecuada, etc. “De manera excepcional” el borrador propone la clasificación como suelo urbano no consolidado a espacios con menor número de edificaciones como Cantarranas, el Caracol y El Chinarral.
Para la gestión de estas áreas se propone la elaboración de una ordenanza que fije los costes de urbanización y compensaciones económicas y se aboga por impulsar en el primer cuatrienio los planes especiales.
Fuera de planeamiento y medidas especiales
El PGOU fija también aquellos diseminados que no podrán ser regularizados y sus razones. El Penal y La Biduela estarán fuera del planeamiento porque su lejanía dificulta su conexión a las redes de infraestructuras básicas. El Barranco correrá la misma suerte porque está construido en la zona de protección exterior de la laguna Juncosa, y ambientalmente no es posible, como tampoco reconocer un grupo de edificaciones localizadas en el interior del parque de Las Dunas y conocido como asentamiento de Alto en el Camino. Bajo el mismo criterio queda fuera de ordenación Pinar de Coig, un sistema general de espacios libres, si bien se plantea que el Ayuntamiento oferte a los titulares de las viviendas unas parcelas en el futuro desarrollo de suelo en la carretera de Sanlúcar. Sí contempla la normalización de Los Naranjos y del poblado ya consolidado de la Sierra de San Cristóbal, no las nuevas construcciones. Tampoco reconoce el asentamiento de El Carmen II La Piedad al encontrarse en el trazado de una carretera de interés supramunicipal.
Sobre Las Manoteras, pago Winthuyssen II y el crecimiento norte de la primera fase, así como la ampliación oriental de Los Perales quedan dentro del perímetro de protección que marca el Plan de Ordenación de la Bahía (POTA) entre San Cristóbal y el entorno de las lagunas. El PGOU plantea que los propietarios elaboren un plan de integración para eliminar los impactos causados por los pozos y fosas sépticas, su integración paisajística, etc.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
