José Antonio Cánovas, el propietario de la empresa poseedora del Cortijo del Fraile, el BIC asentado en Níjar (Almería) donde se sucedieron los hechos ligados a la producción literaria de Federico García Lorca y Carmen de Burgos, ha asegurado que no se han producido contactos recientes con la Junta de Andalucía para dar un uso público al inmueble, toda vez que ha reiterado su predisposición al diálogo "como ha sido siempre".
Así lo ha manifestado Cánovas en declaraciones a Europa Press después de que desde la Delegación Territorial de Cultura se afirmara que se habían retomado de forma directa los contactos con el fin de explorar los usos que se pueden dar a este Sitio Histórico recientemente consolidado tras las inversiones ejecutadas por Agrícola Mar Menor.
El propietario del Cortijo ha señalado que han sido "distintas, diferentes y multitudinarias" las propuestas que se han realizado ante las administraciones públicas para tratar de "resolver el problema" que se plantea ante la puesta en valor del edificio, pero "nunca ha habido el valor de echar para adelante" por parte de sus interlocutores.
"A nosotros ni nos han llamado", ha aseverado Cánovas, quien también en declaraciones a 'La Voz de Almería' ha lamentado el "uso mediático" que se realiza del cortijo con "falsos comentarios" sobre su puesta en valor.
La empresa propietaria finalizó en marzo del pasado año las obras de consolidación exigidas por la Junta de Andalucía y que contaron con un presupuesto de entorno a 47.600 euros con los que se procedieron al desmontado de los forjados de cubierta derrumbados total o parcialmente y de los tramos de muros interiores con peligro de colapso, así como a la recomposición de tramos de las fábricas de mampostería derrumbadas de las fachadas exteriores del conjunto.
La actuación también conllevó la consolidación de los muros de fachadas e interiores mediante retacado de fisuras, grietas y huecos; el sellado de coronación y reposición de revestimientos, todo ello con mortero de cal; y el tratamiento con aguada de cal. Igualmente, preveía la actuación parcial de soleras de mortero de cal para evacuación de aguas de lluvia, la selección, acopio e inventariado de materiales derrumbados y desmontados para su posterior reutilización, y el desbroce del terreno, limpieza del conjunto y andamiaje.
Asimismo, la entidad ya realizó obras de consolidación en el campanario y en la fachada principal con una inversión de 140.000 euros para frenar el deterioro del inmueble, prácticamente en estado de ruina, en el invierno de 2015. Los nuevos trabajos consolidaron los muros externos del recinto pero no actuaba sobre los ya derruidos.
A pesar de estas actuaciones, el pasado verano la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz volvió a incoar queja de oficio para interpelar a la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en Almería sobre las actuaciones en el Cortijo del Fraile ante la existencia de "distintas iniciativas" en el ámbito judicial en torno a la ejecución y puesta efectiva de las intervenciones ordenadas a la mercantil propietaria del inmueble.
