Como ya adelantara EL FARO a finales del pasado mes de junio, esta construcción mantiene problemas estructurales en su fachada por una deficiente edificación. Los ladrillos ubicados en esta zona se están desmoronando con el paso de los años y la pared se ha deformado.
Al parecer el problema actual del edificio deriva de una incorrecta construcción del forjado de la fachada que, al quedarse corto, podría haber sido completado con ladrillos. Esta zona, transcurrido un decenio desde su construcción, se habría abombado lo que provoca que haya un riesgo inherente de desprendimientos.
De esta forma, a pesar de que la estructura principal del edificio no corre peligro, la fachada exterior sí deberá ser demolida. Estos trabajos requerirán el desalojo de los vecinos por un tiempo indeterminado.
Negligencia
Según fuentes consultadas por este periódico, los problemas actuales proceden de una negligencia cuyos responsables son la empresa constructora y la dirección facultativa de la obra.
A este respecto, parece que la empresa Corsan Corviam estaría en disposición de aceptar que su seguro se hiciera cargo de los costes de la reparación. Corsan fue la constructora contratada en su momento por Somixur (sociedad participada por Consistorio y la empresa Aldía) para realizar la esta obra.
Sin embargo, parte de los costes también deberían ser asumidos por el seguro de los tres técnicos, un arquitecto y dos arquitectos técnicos, que supervisaron las obras. En este sentido, el seguro de la dirección facultativa podría requerir una sentencia judicial en firme para afrontar el coste de los trabajos de reforma.
De cumplirse con la premisa de la necesidad de una sentencia judicial, todo el proceso podría retrasarse sine die. De hecho, no se podría cuantificar el tiempo necesario transcurrido hasta que los trabajos de reparación dieran comienzo. Eso sí, dado que para reforzar la estructura dañada se han colocado cuatro puntos como contrafuerte y un andamio, estas medidas de seguridad no podrían ser retiradas hasta entonces, con lo que la avenida Blas Infante podría permanecer cortada hasta que se resolviera el conflicto.
Este corte por un periodo indeterminado, además de un duro golpe para el tráfico de la zona centro de la ciudad, ahondaría aún más las pérdidas que registran los establecimientos que se ubican en este edificio.
Así, por ejemplo, desde el Burger King se apunta que actualmente su recaudación diaria “no llega ni a la mitad de la mitad”. Esto provoca que “no se contrate a personal nuevo” y que el que actualmente trabaja se encuentre a la expectativa.
Desde esta misma hamburguesería se indica que el cierre se produjo “en un día fuerte como el Sábado de Feria, cuando teníamos previsto un gran dispositivo para atender a la demanda que suele acompañar esa fecha”. Una merma en las ventas que se traslada también “a la temporada veraniega, uno de los momentos de mayor negocio”. Y es que, como se indica desde el restaurante, “la gente no sabe si estamos abiertos o no. Tan sólo por la noche tenemos más clientela porque ven la luz y comprueban que estamos trabajando”.
Estudiando denunciar
Por su parte, la comunidad de propietarios del edificio se encuentra en estos momentos decidiendo si emprende acciones legales contra Corsan Corviam, Somixur, Ayuntamiento y los técnicos responsables de la obra. Los vecinos consultados por este medio aseguran que, de momento, no han apreciado daños estructurales en sus viviendas pero sí han constatado como el tabique de la fachada “se había ido hacia delante”.
A este respecto, el Consorcio Provincial de Bomberos emitió un parte de su actuación de saneamiento en el inmueble tras su intervención el pasado 21 de junio.
Por su parte, técnicos del Ayuntamiento habrían confirmado que no hay riesgo inminente de derrumbe, lo que posibilitó la reapertura de los locales comerciales, tras decretarse el cierre en primera instancia y ser comunicado por agentes de la Policía Local. Este medio intentó ayer ponerse en contacto con el edil delegado de Urbanismo, Diego Sánchez Rull, pero no fue posible.
Polémica
La zona en donde en donde se ubica el edificio María Cristina ha sido objeto de una amplia polémica tras la constitución de una empresa mixta que debía ocuparse de todo el proceso de urbanización de Los Cuarteles, Somixur. Esta empresa fue creada en el año 1996 y estaba participada en un 51% por el Consistorio algecireño y en un 49% por la empresa Aldía.
La trama de situaciones irregulares se destapó con el informe de la Cámara de Cuentas de 2006 donde se analizaron los ejercicios 1996 a 2004. Este informe indicaba que el grupo empresarial Aldía (Aldía SL y Gestimes SL) y la empresa Bupasa “han participado en las actuaciones urbanísticas más importantes” que se habían llevado a cabo en Algeciras sin “sujetarse a los principios de publicidad, concurrencia y no discriminación que deben presidir todas las adjudicaciones de la administración, así como la ejecución del gasto público”.
Además, la Cámara de Cuentas, apuntó que Somixur transmitió a empresas del grupo Aldía y Bupasa “terrenos, locales comerciales, oficinas y garajes por valor de 9,3 millones de euros, mientras que la tasación de mercado de estos inmuebles, en el momento de la transmisión, realizada por una empresa externa de valoraciones se sitúa en 16,1 millones de euros”.
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