El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha procedido a renovar la composición del Consejo Consultivo, el máximo órgano consultivo de la comunidad autónoma, de forma sorpresiva y sin contar con el resto de los grupos parlamentarios, como venía haciendo hasta ahora.
El portavoz del Gobierno de la Junta, Juan Carlos Blanco, ha informado este martes del nombramiento de los nuevos miembros del Consejo Consultivo, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en cuyo orden del día no figuraba la renovación de este órgano. Y precisamente hoy, también, se le ha comunicado su cese a los miembros que dejan de formar parte de este órgano.
La mayor parte de los miembros del Consejo Consultivo se encontraban en funciones desde mayo de 2016, y, de éstos, sólo dos podían optar a ser reelegidos por segunda y última vez. Estos dos eran Begoña Álvarez Civantos, que ha sido reelegida, y Francisco Gutiérrez Rodríguez, nombrado en 2011 a propuesta del PP, que ha sido cesado.
Según Blanco, la renovación del Consejo Consultivo es competencia del Consejo de Gobierno, y se ha aprobado ahora, precisamente, porque muchos de los consejeros habían agotado su mandato. El portavoz del Gobierno andaluz ha desvinculado la decisión de cualquier roce que se haya podido producir en relación con los dictámenes emitidos por el Consejo Consultivo, alguno de los cuáles han tumbado las propuestas de la Junta.
Es el caso, por ejemplo, de la Ley de Formación Profesional, que el Consejo Consultivo rechazó por unanimidad, o los informes desfavorables emitidos, también de forma unánime, contra los intentos de segregación de algunas entidades locales.
La decisión del Gobierno de la Junta ha sido "sorpresiva", en opinión de los cesados, a pesar de llevar tanto tiempo desempeñando sus cargos en funciones. El cese de Francisco Gutiérrez Rodríguez, el único de los destituidos que podía haber renovado, se produce después de que éste emitiera un voto particular criticando el decreto de la Junta, aprobado este martes por el Consejo de Gobierno, para el nombramiento de los peritos que participen en procesos judiciales, que en adelante tenderán a ser empleados públicos.
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