El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha criticado que la Junta haya "improvisado" tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula el decreto de la jornada de 35 horas para los empleados públicos en Andalucía, a la par que ha lamentado que esta situación "ha llevado a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a enmendarle la plana a su consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero".

En una entrevista con Europa Press, Maíllo ha defendido que dentro de un gobierno "no se puede improvisar tanto como sea hecho en el Ejecutivo andaluz", pues aunque decía que tenía un plan B definido, "al final Susana Díaz le han enmendado la plana a Montero" y "en un gobierno no se puede actuar así ante determinadas medidas".

No obstante, ha saludado el acuerdo alcanzado con los sindicatos para hacer frente al fallo del TC pues es "una solución imaginativa que permite combinar el cumplimiento de la sentencia con mejores condiciones en el sector público y, sobre todo, que no se produzca una pérdida de empleo".

Tras criticar que el Gobierno central presentara un recurso ante el TC contra el decreto andaluz que regulaba "una capacidad que tiene el autogobierno sobre el funcionamiento de sus empleados públicos", Maíllo ha lamentado que desde el principio "el debate de las 35 horas no ha dejado de ser un debate de confrontación" en el que el Gobierno de Susana Díaz "ha demostrado mucha improvisación".

"Presumen de tener un plan B, salen inmediatamente diciendo que ya tienen la solución, y al final se enmiendan la plana entre ellos mismos, Susana Díaz se la enmienda a Montero", ha abundado para criticar que esa improvisación "demuestra que la Junta quiere hacer confrontación con el PP, pero es que el PP se lo pone facilísimo porque tenía su mano poder evitar presentar el recurso".

En este sentido, el líder andaluz de IU ha censurado que el Gobierno de Rajoy "es experto en presentar recursos a sabiendas de que todo recurso que vaya al Tribunal Constitucional, en el momento en el que lo asuma, se anula el efecto, y por tanto anula el autogobierno". "El PP es un experto en anular autogobierno, el problema es que el Gobierno andaluz también se auto anula y limita en el ejercicio de sus funciones, como ha hecho con las políticas fiscales", ha apostillado.

Y ante este panorama, también ha afeado al presidente del PP-A, Juanma Moreno, que o bien "mentía" cuando dijo a los sindicatos que trataría de mediar con el Gobierno central, o bien "no tiene ninguna influencia en el PP de Madrid". "El drama de la derecha en Andalucía es que se encuentra en una tesis de querer defender a un partido profundamente centralista y reaccionario como el de Madrid, y querer hacer oposición al Gobierno andaluz", ha agregado.

En este sentido, ha explicado que mientras Susana Díaz "achica el espacio a su derecha, el PP-A se autoelimina como alternativa en Andalucía", y es en este marco "donde está la responsabilidad de quienes queremos conformar un proyecto de cambio ante un PSOE-A ajado, con 35 años de gobierno, y una Susana Díaz profundamente debilitada, no solo por sus cuitas internas en el PSOE, porque está en Andalucía porque no se podía ir a Madrid, que ha gobernado con mucha comodidad con Cs, y que ahora intentará inventarse de nuevo, pero ya no cuela".

CONTRA LA PRECARIEDAD DE CONTRATAS Y SUBCONTRATAS

También en este panorama, Maíllo ha defendido que el debate que debería abordar ahora la Administración pública es el de los trabajadores de las contratas y la subcontratas, que para IU "son trabajadores públicos porque contribuyen al mantenimiento de los servicios públicos pero en una situación profundamente precaria".

A su juicio, la gran reforma que necesita la Administración pública pasa por abordar el modelo "en una absorción en clave estatal de empleados cuyo trabajo, al fin y al cabo, repercuten en los servicios públicos y que sin embargo se está extendiendo en una suerte de privatización". "Tenemos que abordar el gran debate de equiparar esas condiciones laborales a las del empleo público", ha afirmado.

Maíllo ha dicho que una opción sería recuperar el principio de la reivindicación del Movimiento Obrero de "igual trabajo igual salario", a la par que ha aclarado que todo lo que sea un proceso de incorporación y absorción de empleo público "debe hacerse con los principios de mérito, capacidad, y transparencia".

"Eso no está ni en el debate, lo que tenemos que abordar es que en la actual situación hay trabajadores haciendo lo mismo pero cobrando diferente", ha señalado para apuntar que "la gran empresa que es la Junta de Andalucía no puede actuar con una explotación y un deterioro de las condiciones laborales y salariales de gente que hace labores muy importantes" en los servicios públicos andaluces.

Para IU, este debate debe centrarse en si es sostenible, justo y si está medianamente justificado que gente que hace el mismo trabajo, según el origen de acceso al mismo, "cobre hasta el 75 por ciento menos que otros", y después, habrá que afrontar el punto de vista formal, que tendrá que estar marcado por los principios de mérito, capacidad, y transparencia.