El Tribunal Constitucional dejará, con toda probabilidad, en manos del Gobierno decidir si el acuerdo alcanzado por la Junta y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF da cumplimiento o no a la sentencia que declara inconstitucional la jornada de 35 horas para los empleados públicos de Andalucía.
El TC dará traslado a la parte que presentó el recurso de inconstitucionalidad, es decir el Abogado del Estado, que lo presentó en nombre del Gobierno, del escrito remitido por la Junta de Andalucía con el acuerdo suscrito con los sindicatos en cumplimiento de la sentencia, una vez que éste entre formalmente en el registro.
De lo que diga el Abogado del Estado dependerá el pronunciamiento que haga el Tribunal Constitucional, si lo hubiere. Fuentes del TC explicaron a este periódico que, “normalmente, es la parte la que comunica al Tribunal Constitucional si una sentencia se cumple o no”. El TC no tiene la función ni los medios para comprobarlo.
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