La Guardia Civil, en el marco de la denominada operación 'Canis Petra', ha detenido a 22 personas y ha investigado a otras ocho que presuntamente pertenecían a una organización criminal dedicada al robo y posterior venta de perros de caza en las provincias de Málaga, Granada, Córdoba y Jaén.
Además, el Instituto Armado ha informado en una nota de prensa de que se han practicado siete registros domiciliarios en Granada capital, en la localidad granadina de Huélagos y en Cuevas de San Marcos (Málaga).
En esta operación se han esclarecido un total de 56 delitos cometidos en varias provincias andaluzas, se han recuperado 42 perros de distintas razas y se han intervenido 19 armas de fuego de distintos calibres, abundante cartuchería, seis viales de sustancias anabolizantes que suministraban a los animales, seis botes de aplicación medicinal para perros, un aplicador o inyector de microchips, 102 plantas de marihuana, varios teléfonos móviles, ordenadores portátiles, cuatro vehículos, diversas herramientas que presuntamente utilizaban para cometer los ilícitos penales y 2.000 euros en metálico.
La Guardia Civil ha señalado que a los detenidos se les acusa de los presuntos delitos de robo, tráfico de drogas, contra la salud pública, tráfico de armas, tenencia ilícita de armas, hurto y uso de vehículo a motor, falsificación de documento oficial, receptación, blanqueo de capitales, daños, defraudación de fluidos, contra la Administración de Justicia, maltrato animal y contra la flora y la fauna.
Las investigaciones se iniciaron en el mes de marzo de 2016, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que, en un corto período de tiempo, se habían cometido varios robos de perros de caza en poblaciones del norte de la provincia de Málaga, como Cuevas de San Marcos, Villanueva de Tapia y Villanueva del Trabuco, entre otras.
Asimismo, en el transcurso de las investigaciones, según el Instituto Armado, se pudo establecer la existencia de un grupo criminal, "perfectamente estructurado y jerarquizado que operaba desde Granada y que estaría también actuando con el mismo 'modus operandi' en otras provincias andaluzas".
En este sentido, la Guardia Civil detectó en la localidad malagueña de Cuevas de San Marcos a un miembro de la organización "perfectamente integrado en el ámbito de la caza" que facilitaba información precisa sobre el tipo y número de perros a sustraer, así como las medidas de seguridad existentes en los lugares donde se debían efectuar los robos, tales como viviendas habitadas, cortijos y fincas. Posteriormente, "se trasladaban otros miembros de la organización a dichos lugares para cometer los robos".
Finalmente, los agentes han podido determinar que el grupo criminal presuntamente cometía otros tipos de delitos, tales como el tráfico de drogas, contra la salud pública, cultivo de marihuana y tráfico de armas de fuego, entre otros.
ROBOS DE PERROS POR ENCARGO
Los perros sustraídos se ofrecían a potenciales compradores, "la mayoría de las veces antes de sustraerlos, habiéndose detectado también que algunos compradores realizaban encargos concretos, lo que se puede denominar como robos por encargo", según el Instituto Armado.
Durante el desarrollo de la operación, la Guardia Civil ha tenido conocimiento de que varias personas residentes en la localidad malagueña de Villanueva de Algaidas realizaban cacerías utilizando artes prohibidas, conservando de esta manera las piezas con vida para usarlas para el entrenamiento de perros de raza Pitbull, que se ensañaban brutalmente con los animales salvajes, acciones que grababan y difundían entre sus conocidos. Por estos hechos han sido detenidas cuatro personas, a las que se les imputan los delitos de maltrato animal y contra la flora y fauna.
La investigación ha sido llevada a cabo por el Equipo Roca de la Compañía de la Guardia Civil de Antequera (Málaga), especializado en combatir los robos en el campo, así como en explotaciones agrícolas y ganaderas; apoyados por distintas Unidades de la Comandancia de Málaga, Granada y Algeciras.
Por último, el Instituto Armado ha resaltado que el operativo ha contado con la asistencia de técnicos pertenecientes a estamentos oficiales tales como oficinas comarcales agrarias, veterinarios y centros de acogida de animales, así como de empresas privadas de suministro de agua y electricidad, para la certificación de algunos de los delitos cometidos.
