La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha archivado la causa contra dos imputados en la pieza separada por las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada atiende la petición realizada por las defensas de ambos investigados al entender que, una vez examinadas las actuaciones, "no constan indicios razonables de criminalidad contra los mismos".
De este modo, archiva la causa contra Francisco José González del Corral, director de una sucursal bancaria de Jaén, y contra Antonio Fernando Murillo Cancho, que fue imputado como socio de Ismael Sierra --cuñado del 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas-- y administrador de Consulting Social Siemur.
La juez toma esta decisión tras haber tomado declaración a ambos en calidad de investigados y al amparo del artículo 641.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Cabe recordar que la pieza de las sobrecomisiones de los ERE se dirige contra cerca de 40 personas, entre ellas el exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero o el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.
Recientemente, la magistrada atendió la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y declaró la prórroga de la complejidad de la instrucción de esta pieza, ampliando de este modo otros 18 meses la investigación de la misma.
La juez tomó esta decisión porque en esta pieza separada "se investigan numerosos hechos punibles, involucrando a gran cantidad de investigados", lo que "exige la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que implican el examen de abundante documentación, precisando de la revisión de la gestión de personas jurídico-públicas y privadas".
18 MESES INICIALES
Por todo ello, "es indudable que procede acceder a la petición formulada" por el Ministerio Público, concluye la juez María Núñez Bolaños.
En su petición, el Ministerio Público recordaba que esta pieza separada de los ERE fue declarada de especial complejidad, finalizando el plazo inicial de instrucción de 18 meses el día 10 de diciembre de 2017.
Y es que, al declarar esta pieza de especial complejidad, la juez disponía inicialmente de 18 meses más para finalizar la instrucción en virtud de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que fija los plazos de la instrucción para las causas sencillas y complejas.
PETICIÓN DE ANTICORRUPCIÓN
Anticorrupción, en un escrito fechado el día 9 de noviembre, pidió a la juez instructora que "prorrogue el presente plazo por otro de igual duración" al estimar "razonablemente que la investigación no podrá completarse en el plazo inicial de 18 meses".
Así, la Fiscalía Anticorrupción realizó tal solicitud "ante la eventualidad de que las diligencias necesarias para la instrucción y que han sido acordadas no puedan llevarse a efecto antes del transcurso de los plazos".
