El juicio que se instruye en el juzgado número 13 de Sevilla en torno al accidente de un avión A400M en mayo de 2015 ha dado un giro inesperado este mes de diciembre. Europrop International (EPI), el fabricante de los motores y del software que los hace funcionar participado por Rolls Royce (Reino Unido), Safran (Francia) y MTU (Alemania), se ha personado como parte en el juzgado, según fuentes jurídicas.
Su aparición en escena en el marco de la investigación judicial se produce después de que se aportara al juzgado, a final del pasado verano, el informe de la Citaam (el organismo público del ministerio de Defensa encargado de investigar los accidentes de aeronaves militares) sobre el siniestro del A400M. En ese informe se relataba la descoordinación entre EPI y Airbus sobre quién y cómo debía de cargarse el software en tierra antes del despegue.
EPI aseguró a la Citaam que debía haber sido personal propio quien lo hiciera y que su personal tiene la habilitación civil necesaria, mientras que Airbus alude a que el avión es militar y opera en instalaciones militares y es su personal quien debía hacerlo. Además, el informe desvela que, a final de 2014, EPI ya advirtió de que esa carga del software, en determinados casos, podía producir fallos que borraban la información que tenían que recibir los propulsores.
Un fallo muy similar al del 9 de mayo, cuando un vuelo en pruebas de un A400M destinado el ejército de Turquía vio cómo se congelaban en vuelo al poco de despegar 3 de sus 4 motores. Cayó y cuatro de sus seis tripulantes murieron a consecuencia del choque no sólo contra el suelo, sino contra una torreta de luz con la que se topó en la caída.
Tras comunicar ese fallo en octubre de 2014 a Airbus y la agencia europea de seguridad (Easa), las medidas para mitigar ese problema no fueron suficientes, dice el informe de Citaam. No obstante, la Fiscalía de Sevilla y Airbus piden a la juez de Sevilla el archivo de esta causa penal porque, aunque se puede decir que “no se evaluaron todos los escenarios posibles”, el accidente mortal se produjo por “la necesaria confluencia de varios factores concatenados, unidas a las decisiones tomadas en el vuelo”, los cuales “impiden aislar comportamientos individuales o conjuntos que permitan atribuir personalmente a cualquiera de los intervinientes” una falta en el “deber objetivo o subjetivo de cuidado”. Al mismo tiempo, la fiscalía deja abierta la puerta a la presentación de las acciones judiciales oportunas en la vía civil.
Sólo las familias quieren saber más
Sólo la acusación particular, representada por las familias de las seis víctimas (cuatro fallecidos, un herido grave con discapacidad de por vida y un sexto trabajador de Airbus que ya está reincorporado y ha vuelto a volar en el A400M), quiere saber más detalles sobre por qué se cayó el avión tras fallar tres de sus cuatro propulsores. Por eso pidieron más diligencias a la juez Ana Rosa Curra una vez conocido el informe de la Citaam (ministerio de Defensa), que tendrá que decidir si autorizarlas o, bien, hacer caso al fiscal y a Airbus y archivar la causa penal.
La personación de EPI retrasará la decisión, a la espera de que la empresa acceda al informe de la Citaam y pueda pedir también más pruebas -o el archivo-. Tiempo que es oro para las familias, que creen que se puede profundizar más en qué y quiénes fueron clave en el siniestro.
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