Airbus también es partidario de cerrar la causa penal abierta en el juzgado número 13 de Sevilla en torno al accidente de un A400M en Sevilla en mayo de 2015 que dejó cuatro muertos y dos heridos tras congelarse tres de los cuatro motores de la aeronave tras un fallo en el software que controla los propulsores de hélice del avión. Se suma a la Fiscalía de Sevilla, y deja así solas a las familias de las víctimas en su petición de que se extiendan las diligencias (investigación) , una vez conocido el informe del comité de expertos del ministerio de Defensa, Citaam, en septiembre pasado.
Según han informado a Efe fuentes del caso, Airbus ha presentado un escrito solicitando el sobreseimiento provisional de la causa. La petición de la acusación particular (las familias de las víctimas) y las dos peticiones de archivo tienen aún que ser respondidas por la juez Ana Rosa Curra. La Fiscalía solicitó el archivo tras recibir el informe pericial de la Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares (Citaam) del Ministerio de Defensa sobre la caída del avión, que impactó en una torre de alta tensión, durante un vuelo de prueba por el fallo de tres motores. Aunque no cerró la puerta a reclamar las “responsabilidades civiles oportunas” solicitó el archivo de la causa penal al considerar que no es posible exigir “responsabilidades personales a título de imprudencia a ninguno de los intervinientes en la cadena de causas naturales” del siniestro.
Una tesis que rebaten las familias de las víctimas, quienes consideran que se puede ir más allá de lo que dice el informe de la Citaam identificando personas concretas. Sobre todo relacionadas con las advertencias previas de fallos en el software que el proveedor del mismo (el consorcio europeo EPI) hizo a Airbus y a la agencia española de seguridad aérea (Aesa).
Tripulación
El Ministerio Público considera que aunque se puede decir que “no se evaluaron todos los escenarios posibles”, el accidente mortal se produjo por “la necesaria confluencia de varios factores concatenados, unidas a las decisiones tomadas en el vuelo”. Todos ellos “impiden aislar comportamientos individuales o conjuntos que permitan atribuir personalmente a cualquiera de los intervinientes una falta en el deber objetivo o subjetivo de cuidado”.
Sobre la tripulación, para la Fiscalía “hubo errores” en su actuación pero adoptaron “las decisiones razonables habida cuenta de las circunstancias concurrentes, aunque no fueran las más adecuadas”. Actuaron “de manera lógica ante los diferentes avisos recibidos, las limitaciones impuestas por la torre de control y la falta de formación en reacción conjunta ante las emergencias existentes” teniendo en cuenta que el fallo de tres motores a la vez es “tan inusual, tan poco probable y de efectos tan críticos que resultaba muy complejo poder procesar toda la información para tomar decisiones adecuadas en un tiempo tan reducido”.
Respecto a los responsables de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (EASA), EPI (fabricantes del software de control de los motores) y Airbus Defense and Space (filial militar de Airbus), o el operario que cargó el software “que originó la defectuosa lectura de los sucesos reales, no infringieron en sus labores una norma técnica de cuidado”, señala la Fiscalía.
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