El Gobierno andaluz ha aprobado hoy el decreto ley que establece la renta mínima de inserción social como un nuevo derecho, que entrará en vigor el 1 de enero próximo, beneficiará a 45.000 unidades familiares (12.000 personas) y oscilará entre 419 y 779 euros mensuales por doce meses prorrogables.
En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Igualdad y Bienestar Social, María José Sánchez Rubio, ha informado de que esta renta, que sustituye al hasta ahora salario social, contará con una dotación en 2018 de 198 millones, del total de 819 millones previstos para el período 2018-2021.
Ha destacado que con la renta mínima se da respuesta a un derecho recogido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía para atender las situaciones de pobreza y exclusión social y ha aclarado que es un instrumento enfocado a la inserción laboral y social de las personas más vulnerables.
Ha asegurado que no se ha suprimido ningún programa social, como los de garantías alimentarias, de empleo o escuelas de verano, entre otros, sino que se han ordenado en función de las garantías de derecho, es decir, que han pasado a las consejerías correspondientes en su caso de Educación o Empleo.
Con este derecho se pretende atender a muchas familias que "no han visto la recuperación económica", ha sostenido la consejera, quien ha negado que se le pueda calificar de "PER social" porque no se puede comparar un decreto ley con el Plan de Empleo Rural.
La aportación de entre 419,52 y 779,87 euros mensuales se concede por doce meses prorrogables por periodos de seis si persisten las circunstancias, frente a los seis del hasta ahora salario social, Y el plazo fijado para la concesión de la renta es de dos meses.
Los nuevos colectivos incluidos son los inmigrantes y los mayores de 65 años con menores a su cargo, y las de edades comprendidas entre los 16 y 24 años siempre que concurran las circunstancias excepcionales que motivaron la concesión.
Además, el nuevo modelo da prioridad a las familias con menores de edad a su cargo, así como las monomarentales y monoparentales, las mujeres víctimas de violencia de género y las personas con discapacidad.
Entre los requisitos de acceso destacan que la unidad familiar esté empadronada de forma estable en un municipio de Andalucía desde al menos un año antes a la fecha de la solicitud y que el solicitante tenga una edad de entre 25 y 64 años y esté inscrita como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Para el cálculo de la cuantía se tendrá en cuenta el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) y no se tendrán en cuenta para el importe la vivienda habitual, las prestaciones por hijos a cargo tanto contributivas como no contributivas, las pensiones de orfandad, la remuneración por acogimiento, las pensiones de alimentos y las prestaciones económicas para personas en situación de dependencia.
Tampoco computarán las becas para la educación o formación y transporte, los ingresos procedentes de asistencia a cursos y los contratos de formación para jóvenes, así como las ayudas del sistema de protección destinadas a los mismos, los inmuebles declarados en ruinas y las subvenciones públicas para vivienda habitual.
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