El Consejo de Gobierno aprobará este martes el acuerdo alcanzado el lunes por la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, y los sindicatos CSIF, UGT y CCOO, para mantener la jornada de 35 horas de los funcionarios y trabajadores públicos de la Junta, pese a la decisión del Tribunal Constitucional de estimar el recurso presentado por el Gobierno y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad del Decreto-Ley 5/2016, de 11 de octubre.
El acuerdo no es otro que el anunciado por la consejera de computar cada día como parte de la jornada laboral media hora de actividad fuera del lugar de trabajo. Junta y sindicatos justifican el acuerdo en “el aumento de la calidad del servicio público, como consecuencia de la mejora del empleo público”.
El acuerdo
El primer punto del acuerdo fija una “jornada ordinaria de obligada permanencia en el puesto de trabajo que no excederá de 35 horas semanales” para todo el personal incluido en el ámbito de aplicación del Decreto-ley 5/2016, que es el que ha declarado inconstitucional el TC.
El segundo punto marca que 2 horas y media cada semana que computarán como trabajo efectivo “no serán de obligada permanencia en el puesto de trabajo”.
Y el punto tercero establece que, para ello, la Junta pondrá a disposición de los trabajadores públicos, a través de “las correspondientes plataformas de aprendizaje en línea, de actividades y recursos de formación abierta, que serán de acceso libre”. La Junta se compromete a reforzar la formación en relación con las competencias digitales y los idiomas.
En el documento firmado por la consejera Montero y los responsables de administración pública del sindicato de funcionarios CSIF y las centrales UGT y CCOO, queda recogido que “estas medidas son el reconocimiento formal de la manera en que el personal empleado público viene realizando su jornada laboral en el trabajo, con un tiempo de obligada permanencia en el puesto de trabajo” y otras “actividades que son propias de su puesto de trabajo, realizadas fuera del horario de obligada permanencia”.
Por otro lado, el Consejo de Gobierno también aprobará el decreto sobre la renta mínima de inserción, que entrará en vigor el 1 de enero con una dotación económica de 198 millones y beneficiará a unas 45.000 familias.
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