Primera cuestión: El juicio de la llamada pieza política del caso ERE que ha arrancado este miércoles con la lectura de los cargos no es una causa general ni contra veinte años de gobierno socialista en la Junta de Andalucía, ni contra el PSOE andaluz. Lo que se enjuicia es el denominado “procedimiento específico” creado en el año 2000 para el reparto de ayudas sociolaborales, que se fue perfeccionando con el tiempo y que se mantuvo hasta el año 2010, y a quienes lo promovieron y tomaron decisiones encaminadas a garantizar su pervivencia y dotarlo presupuestariamente. Este procedimiento, de manera consciente, eludía cualquier control sobre la concesión de las ayudas y sobre el destino final del dinero.
Segunda cuestión: Los delitos de prevaricación y malversación de los que la Fiscalía acusa a los procesados no implican el enriquecimiento, ilícito o no, de éstos. No es necesario, por tanto, insistir en que no se llevaron, a título personal, ni un euro. El tribunal habrá de decidir, simplemente, si las decisiones que tomaron en el ejercicio de sus cargos eran injustas, es decir, se alejaban de lo que es justo, y si posibilitaron detraer dinero de unas partidas sometidas a control público para engordar otras en las que disponer libre y arbitrariamente de los fondos.
Tercera cuestión: Apelar a que otras administraciones disponían de sistemas de reparto de ayudas tan opacos y arbitrarios como el del caso ERE no exculpa, per se, a los procesados. Sólo demuestra que tal vez habría que sentar a más gente en el banquillo.
Cuarta cuestión: Sólo como recordatorio: el dinero burlado y birlado mediante el procedimiento específico es dinero público. No lo ha perdido la Junta, sino los andaluces.
Quinta cuestión: Pedir a los demás respeto a la Justicia y defender la inocencia de los acusados en víspera del juicio es no respetar la Justicia.
