Siete años después de que la anónima magistrada Mercedes Alaya se convirtiera en una estrella al abrir una macrocausa contra el Gobierno andaluz por corrupción en el uso de fondos públicos de Empleo, llega el miércoles a juicio el caso que tambaleó el feudo del PSOE y derrocó a sus líderes históricos.
Desde ese día se sentarán en el banquillo el expresidente que más tiempo (19 años) ha gobernado Andalucía, Manuel Chaves, y su sucesor, José Antonio Griñán, a quienes esta investigación judicial les costó su carrera política y el carné del PSOE, pese a que hoy desde la Junta se defiende su "inocencia" y "honorabilidad".
Junto a ellos serán procesados 20 responsables públicos durante sus respectivos gobiernos, con los exconsejeros Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo a la cabeza.
El resto de acusados son los exviceconsejeros o ex secretarios generales Agustín Barbera, Jesús María Rodríguez, Juan Francisco Sánchez, Javier Aguado, Lourdes Medina, José Salgueiro y Antonio Estepa; los ex directores generales de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez; el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano; los exdirectores de la agencia pública IDEA Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano; el exinterventor de la Junta Manuel Gómez y el exjefe de los servicios jurídicos Francisco del Río.
Se juzga si todos ellos participaron en la creación o mantenimiento de un procedimiento específico para dar ayudas sociolaborales que durante una década (2001-2011) permitió repartir 850 millones de forma "arbitraria" y "sin control" ni fiscalización previa a empresas en crisis para prejubilar a trabajadores.
Un procedimiento que facilitó que sólo accedieran a las ayudas ciertas empresas -como instrumento para mantener la paz social-, se prejubilaran personas en ERE de empresas en las que nunca trabajaron (algunas familiares o allegados de los acusados)y se causara un quebranto a las arcas públicas al contratar a determinadas aseguradores, bufetes y mediadores pagando sobrecomisiones, si bien esos efectos no se juzgan ahora.
Están todos acusados por la Fiscalía y el sindicato Manos Limpias de prevaricación, que sólo conlleva penas de inhabilitación (es el caso de Chaves y otros 6 procesados), y la mayoría también de malversación de fondos públicos, delito por el que Griñán y otros 14 acusados se enfrentan a entre 6 y 8 años de prisión.
El PP-A, que ejerce la acusación particular, pide a todos dos años más por asociación ilícita, mientras la Junta de Andalucía, que inicialmente ejerció también la acusación particular como perjudicada por el desvío de fondos públicos, solicitó finalmente el archivo al no ver delito penal en la actuación de los ex altos cargos, aunque se reserva reclamar responsabilidades civiles.
La posición de la Junta es uno de los principales cambios en un proceso por el que han pasado tres jueces instructores: Alaya; su sucesora María Núñez, que dio un giro al dividir la macrocausa en piezas separadas -la que se enjuicia desde esta semana es la política- y su juez de refuerzo Álvaro Martín, quien finalmente cerró esta pieza abriendo juicio oral contra 26 de los 50 investigados inicialmente (archivó el caso contra 24), si bien la Audiencia Provincial de Sevilla -donde se juzgará- sacó a otros 4.
Más allá de lo judicial, son innegables las repercusiones políticas de un caso que ha supuesto ver encarcelados al exconsejero Fernández o al exdirector de Trabajo Guerrero, que reventó la campaña electoral de 2012 (cuando el PSOE perdió por primera vez en Andalucía), que provocó la dimisión de Griñán como presidente de la Junta(en 2013, antes de ser imputado formalmente) y de Chaves del Congreso y de la presidencia del PSOE, y que originó la primera comisión de investigación en el Parlamento de la democracia.
Por ello, hay 150 periodistas de 37 medios acreditados para seguir un juicio que las partes auguran que durará al menos hasta verano y que será "muy técnico", pues se centra en si un procedimiento administrativo y presupuestario era o no legal.
Con la división en piezas será en éstas donde se juzgará a los beneficiarios de cada ayuda que no les correspondía o a los intermediarios que cobraron sobrecomisiones y en el último año la Audiencia ha fijado que los excargos no puedan volver a ser juzgados en ellas.
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