Andalucía es la segunda comunidad autónoma de régimen común que paga antes a sus proveedores y abona sus facturas en una media de siete días, lo que representa 20 días por debajo del promedio regional y 30 días antes de lo que lo hace el Estado.
Así lo destaca este domingo la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta en una nota según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda correspondientes al mes de septiembre, de los que se desprende que el periodo medio de pagos (PMP) de la Junta se sitúa en 7,16 días, frente a los 27,16 días de la media de las comunidades y los 36,99 días de la administración central.
Andalucía es también la comunidad que abona antes las facturas del sector sanitario y paga 13,16 días antes incluso de que comience a contar el PMP, según detalla la Administración autonómica. La media regional en este ámbito es de 25,42 días, lo que significa que la Junta paga casi 40 días --38,58 días-- antes que el promedio de las comunidades.
Desde la Junta resaltan que Andalucía se mantiene desde hace dos años --23 meses consecutivos-- por debajo de la media de las comunidades y "cumple holgadamente" la normativa de morosidad que marca como límite máximo para el pago a proveedores los 30 días desde que se recibe la factura.
Desde enero de 2016, la comunidad acumula un descenso en su PMP cercano a los 32 días (31,38 días menos). Además, entre los meses de mayo y julio pasados, la Junta ha realizado sus pagos incluso antes de que comenzara a contar el PMP.
Estos resultados han permitido que, hasta ahora, la Consejería de Hacienda y Administración Pública no haya tenido que activar los procedimientos previstos en el decreto de garantía de pagos, aprobado por el Consejo de Gobierno en enero, por el que se fija un plazo máximo a 20 días para abonar las facturas a los proveedores de servicios públicos esenciales de salud, educación y dependencia en la comunidad.
Para la Junta, "este comportamiento positivo avala la gestión de las cuentas públicas que realiza la Consejería, que ha impulsado diversas iniciativas dirigidas a agilizar y dotar de mayor transparencia los pagos".
Así, además del decreto de garantía de pagos dirigido a proteger los sectores esenciales del Estado de bienestar, así como defender el mantenimiento y la generación de empleo en los ámbitos que la Junta considera prioritarios, el departamento que dirige María Jesús Montero también ha aprobado este mismo año un decreto para que la organización y funcionamiento de la Tesorería General sea "más moderna, ágil y eficaz".
Por otra parte, la Consejería está trabajando en la incorporación durante 2018 de nuevos sectores con tiempos de pago reducidos y garantizados como los vinculados a los trabajadores autónomos, el sector turístico y al derecho a una vivienda digna, ya sea personas perceptoras de ayuda o vivienda social como corporaciones locales.
