Según informó en un comunicado, la organización considera que el departamento que dirige Elena Espinosa está cometiendo dejación de funciones y un "grave error" al enviar un mensaje "confuso" sobre la protección del litoral. Demandan la nulidad de dicha resolución.
Grenpeace entiende que la resolución de desistimiento no es correcta, ya que la realiza el delegado del Gobierno en Andalucía, un sujeto diferente al órgano que acordó la declaración de utilidad pública de El Algarrobico, el Consejo de Ministros. Al respecto, recuerda que esta declaración fue objeto de "controversia" en su momento y sólo se hizo firme cuando fue ratificada por el Consejo de Ministros, por lo que ahora es "estrictamente necesario" que sea el mismo órgano el que realice el desistimiento.
Por otra parte, considera que las razones de utilidad pública que justificaron el inicio del proceso de expropiación en febrero de 2007 siguen vigentes ya que cuando el Consejo de Ministros concretó la causa de la expropiación señalaba, entre otros motivos, que "la construcción de un edificio hotelero de las dimensiones del que se pretende construir supone un indudable perjuicio para la integridad física y paisajística del tramo de litoral dado el gran interés ambiental y paisajístico de la zona" mientras que en la resolución por la que se abandona el proceso "ni se fundamenta ni se hace mención alguna a que hayan desaparecido estas causas".
En su recurso, los ecologistas recogen que a pesar de que la resolución dice basarse en la sentencia del Juzgado número 2 de Almería sobre la licencia de obras concedida al hotel, la misma "no analiza ni fundamenta ni la sentencia, ni las consecuencias que sobre la valoración del justiprecio de la expropiación puede tener".
Asimismo, denuncia que tampoco plantee alternativas encaminadas a la defensa del litoral, a pesar de que el Ministerio considera imprescindible restaurar la zona. "Sin este análisis, es difícil comprender cómo se ha llegado a algún tipo de conclusión, y más aún, que ésta haya sido el abandono de la expropiación del hotel ilegal", mantienen.
Para la coordinadora de campañas de Greenpeace, María José Caballero, es "incomprensible" que al Ministerio de Medio Ambiente "no le sirvan" las más de once sentencias dictadas que acreditan la ilegalidad del hotel de El Algarrobico para apoyarse en ellas y mantener una política activa de defensa de la costa "sino para tratar de eludir sus obligaciones".
"El colofón a esta dejación de funciones ha sido la petición de la propia Dirección General de Sostenibilidad de la Costa instando a la Delegación del Gobierno de Andalucía para que desista del procedimiento expropiatorio iniciado", insisten.
Por último, lamentan que el Gobierno "no sólo han ignorado las resoluciones judiciales contra el hotel y las peticiones de los grupos ecologistas, sino que ahora tratan de dar carpetazo a la mayor ilegalidad del litoral español de una forma bochornosa".
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