El Partido Popular se ofreció hasta la saciedad al PSOE y a la propia Junta de Andalucía para alcanzar algún tipo de acuerdo previo a la votación final de los Presupuestos de 2018 que evitarse su histórico voto negativo año tras año a las cuentas que diseñan los Ejecutivos socialistas. Aquello fracasó y la traducción política es que el primer partido de la oposición presentó una enmienda a la totalidad que, como las de IU y Podemos, fueron tumbadas por la mayoría que forman PSOE y Cs. Tras aquello ahora llega el capítulo de las enmiendas parciales. El PP-A las desgranó este miércoles: 640 en total que proponen la reorientación o modificación de hasta 2.062 millones para aumentar partidas destinadas a dotaciones sanitarias y educativas, además de insistir en la bonificación del 99% del Impuesto de Sucesiones.
En concreto, el partido de Moreno Bonilla sugiere un aumento de 144 millones en los capítulos de construcción, inversión y equipamiento en centros de salud y hospitales, más otros 22 millones para mejorar las remuneraciones de las plantillas. También es partidario de un incremento de 164 millones de las partidas de Educación, que se destinaría a la climatización de los centros escolares o la eliminación de aulas prefabricadas. Pero donde se hace más énfasis es el argumento estrella que al final no dio frutos porque Ciudadanos se lo arrebató, el Impuesto de Sucesiones. El PP-A insiste una vez más en la bonificación generalizada del 99%, una vuelta de tuerca más a la exención del millón de euros que entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero.
Ese gravamen es también foco de protesta para Podemos pero por todo lo contrario. Si el PP sugiere rebajarlo aún más la formación de Teresa Rodríguez lo que plantea es que no entre en vigor la reforma con la que se estrenará 2018 y que tampoco se aplique la reforma que volverá a recortar el tramo autonómico del IRPF. Es una de las 445 enmiendas parciales que ha registrado la formación morada, que apuesta por mantener los impuestos en sus niveles actuales para así recaudar 409 millones con los que “blindar” los servicios públicos. “Hay otra forma de hacer política más igualitaria y más social”, defendió la portavoz adjunta Esperanza Gómez. Las cuentas públicas, a su juicio, están “llenas de trampas” y son fruto de una nueva “promoción personal” de Susana Díaz. En total Podemos propone movilizar 1.200 millones en concepto de creación, aumento o redistribución de cuantías.
Otras 136 de IU
Izquierda Unida, por su parte, intentará defender un total de 136 enmiendas al Presupuesto que en total implicarían una modificación de 2.372 millones. Como Podemos, la coalición que dirige Antonio Maíllo reclama también que no entren en vigor las reformas fiscales que han pactado a lo largo de los últimos meses PSOE y Ciudadanos para sacar adelante las cuentas. Eso, calcula la formación, evitaría “no renunciar” a los 335 millones que dejarían de ingresar las arcas públicas andaluza.
A esas partidas se unirían, por ejemplo, los 558 millones que según IU la Junta reconoce en el Presupuesto que son de “inejecución” algo que Maíllo denunció ayer que se traduce en el reconocimiento de que “no los gastará”. Esa cantidad podría pues destinarse según sus cálculos a una nueva Renta Básica.
Toda la paga y ya en la concertada
Lo había anticipado hace días la consejera de Educación, Sonia Gaya, y ayer se encargó de desvelarlo el líder de Ciudadanos, Juan Marín: los profesores de la educación concertada recuperarán en 2018 el 50% de la paga extra pendiente de 2012. Sus compañeros de la pública ya lo habían recibido y la previsión era que durante el próximo ejercicio recibiesen un 25%, pero una enmienda conjunta de PSOE y Cs introducirá en el Presupuesto que reciban toda la cantidad y de una sola vez.
