Los ayuntamientos andaluces están dando la espalda al plan del Instituto de Crédito Oficial (ICO) del Gobierno central para adelantar el pago de las deudas pendientes con pymes y autónomos, algo que confirman tanto desde el sector de los autónomos como desde la propia Federación Andaluza de Municipios y Provincias, que ven cómo los consistorios optan por no reconocer las deudas de forma oficial, premisa sin la cual los proveedores no pueden llegar a los bancos y cajas para cobrar las deudas pendientes.

El vicepresidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía (ATA Andalucía), Rafael Amor; es claro: la línea de del ICO, que concluye el próximo viernes 31 de julio, “es un fracaso” ya que las facturas no se están haciendo efectivas porque los ayuntamientos no emiten el certificado con el que se puede cobrar en la entidad bancaria.

A falta de datos actualizados -el ICO prefiere esperar a este viernes para cerrar sus cuentas- los referidos al 7 de julio y recogidos por Europa Press, en Andalucía se han presentado y formalizado 4.794 facturas a 449 clientes de ayuntamientos andaluces por valor de 18,5 millones de euros, el 31,67% del total de las operaciones formalizadas a nivel nacional, cifradas en 12.078 facturas para 1.283 clientes y por un importe total de 58,4 millones, muy alejado de los 3.000 millones que estaba dispuesto a adelantar el ICO, aunque pymes y autónomos llegaron a incrementar la deuda total hasta los 20.000 millones.

Aunque a principios de julio el entonces presidente del ICO, Aurelio Martínez, consideraba que a lo largo de este mes se ampliarían el número de facturas presentadas y también las formalizadas, ya dejaba claro que sólo el 54% de esas facturas eran reconocidas por las entidades locales, mientras que el resto eran denegadas. De hecho, Rafael Amor utiliza esos mismos datos para constatar la ineficacia de la línea del ICO y destacar que, mientras hace dos meses y medio el volumen total de lo que le debían los consistorios andaluces a los autónomos ascendía a 8.000 millones, ahora la cifra se ha incrementado hasta los 12.000 millones porque la morosidad “va aumentando”.

Según Amor, “para que la línea ICO funcione es necesario agilizar los trámites” porque 8 de cada 10 autónomos “no consigue pasar el listón” de las entidades de crédito, a las que solicitó que “abrieran el grifo” porque ya se han perdido en los que va de año 100.000 empleos autónomos y 1 de cada 3 tiene que cerrar “por la morosidad tanto pública como privada”.

Además, criticó que no se esté estudiando su propuesta de que los consistorios les condenen las deudas pendientes con los impuestos o tasas que sí les exigen: “es triste que si el Ayuntamiento me debe 10 y yo le debo cinco, yo tenga que seguir pagando”.

Ni brotes verdes ni vislumbran la luz al final del túnel

Para el vicepresidente de ATA Andalucía, los autónomos no ven ni “brotes verdes” ni “vislumbran la luz al final del túnel”, alertando del peligro que llegará en septiembre, cuando el Plan E del Gobierno finalice y se les sigan cerrando el grifo en las entidades financieras, ya que el 90% no posee avales ni propiedades y el volumen de líneas de ayudas del ICO “no ha llegado ni al 1%” de los autónomos.

La actitud de los ayuntamientos lo corrobora el presidente de la comisión de Promoción Económica, Empleo y Recursos Humanos de la FAMP, Juan Ramón Troncoso, que reconoce que, aunque depende de cada consistorio, muchos de ellos “no pueden llegar a acuerdos económicos para endeudarse, ni siquiera a corto plazo, como es a 6 años con la línea del ICO, no se atreven porque podrían descontarles hasta el 25% de los impuestos del Estado”, lo que les impediría realizar inversiones el próximo año.

Troncoso, que también es alcalde de la localidad sevillana de San Juan de Aznalfarache, reconoce que la situación de déficit financiero estructural que padecen los ayuntamientos no es la misma en todos los Consistorios y algunos “no están en condiciones de asumir esa responsabilidad, porque el crédito hay que pagarlo y no tienen garantías de que su economía” les respalde.

Troncoso, que sí carga cierta responsabilidad en los bancos que no han abierto el grifo a las empresas, sitúa el problema de fondo en la necesidad de que exista un nuevo marco de financiación local, en el que se clarifiquen las competencias que los ayuntamientos deben asumir y, evidentemente, que estén respaldadas con financiación, porque en la actualidad el 30% del gasto municipal se destina a prestar servicios que no son de su competencia.