La Junta expresa su "satisfacción" por el archivo de la denuncia contra Chaves por el caso Matsa

La Junta de Andalucía expresó ayer su "satisfacción" por la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de archivar la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias contra el vicepresidente tercero del Gobierno de España y ex presidente del Ejecutivo andaluz, Manuel Chaves, por el caso Matsa.

La Fiscalía Superior andaluza remitió a la Fiscalía del TS la denuncia que el sindicato Manos Limpias presentó ante este organismo contra Chaves por ratificar, cuando era presidente de la Junta de Andalucía, una subvención a la empresa en la que trabaja su hija, al ser el denunciado aforado.

Tras examinar la documentación de la tramitación administrativa de las subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), de la que la hija de Chaves es apoderada, el teniente fiscal del TS, Juan José Martín-Casallo, ha dictado un decreto por el que establece el archivo de las actuaciones, según informa la Fiscalía General del Estado, al no encontrarse indicios de tráfico de influencias ni de prevaricación.

El Gobierno andaluz informó a través de un comunicado que esta decisión "corrobora la legalidad y transparencia con la que en todo momento ha actuado el Gobierno andaluz en la tramitación de esta ayuda".

La decisión de archivar la denuncia interpuesta por el sindicato Manos Limpias "viene a confirmar la posición mantenida por la Junta de Andalucía en relación a este asunto", recalca en su nota.

En la denuncia Manos Limpias acusaba el ex presidente de la Junta de Andalucía de cometer un supuesto delito de tráfico de influencias por participar en el Consejo de Gobierno que concedió incentivos a la citada empresa.

En el decreto dictado el pasado 24 de julio el teniente fiscal del TS acuerda el archivo de las diligencias, ya que no encuentra indicios de tráfico de influencias en la actuación de Chaves puesto que "en dicha tramitación nunca actuó influyendo sobre un tercero, funcionario público o autoridad".

Igualmente, señala que tampoco aparecen elementos típicos del delito de prevaricación, ya que "se cumplieron todos los trámites legalmente establecidos para dictar la resolución".

Además, "en todo caso -según el fiscal del TS- el acuerdo de la Junta de Andalucía no fue para conceder el incentivo, sino para ratificar una concesión anteriormente aprobada por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa".

Además de esta denuncia, el PP también ha presentado en el Tribunal Supremo una querella contra Chaves por los mismos hechos.