La situación parece grave, aunque tampoco hay nada que no pueda arreglarse con dinero. La cuestión es quién lo pone o quién lo pone en mayor medida. ¿De qué estamos hablando realmente? Sin duda, de un pilar democrático, ya que es la propia Constitución de 1978 la que da un enorme papel a los interlocutores sociales en España, país que tiene a estas alturas de la democracia un importante legado de pacto social del que dependen las cosas de comer. No olvidemos en este sentido que la concertación social de los años 80 nació para evitar la conflictividad, para establecer reglas que la evitasen, y sobre todo para afrontar la crisis, lo cual debería sonarnos ahora mucho. También a la CEOE, que acaba de descolgarse pidiendo la reducción de cinco puntos en las cotizaciones de la Seguridad Social.
Desde 1979, Gobierno, patronos y sindicatos concertaron una serie de pactos, unas veces sociales (tripartitos) y otras interconfederales, que se caracterizaron por conciliar los intereses sindicales y empresariales con las medidas políticas de los sucesivos gobiernos contra la crisis (creación de empleo, contención de la inflación, etcétera). Por eso mismo es tan importante lo que pasa ahora, en plena crisis económica y de empleo, donde el máximo riesgo estriba en que esta coyuntura sea aprovechada para menoscabar el joven y emergente Estado de bienestar.
Entre las cosas que están en el aire figuran el equilibrio de la Seguridad Social y de las pensiones y los derechos de los trabajadores, cada día más amenazados por el paro en casi todos los sectores, empezando por la construcción. El presidente Zapatero cree que plantear el despido libre y la rebaja en cinco puntos de las cotizaciones sociales es algo propio de una España de hace muchos años atrás, por lo que su Gobierno ha decidido legislar por su cuenta para atender al menos a los parados de larga duración y en situación extremadamente difícil.
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