El Gobierno andaluz puso a principios de año a funcionar a pleno rendimiento su maquinaria legislativa para sacudirse por aquellos tiempos la acusación de que Susana Díaz estaba más pendiente de ocupar la planta noble de Ferraz que de cumplir las promesas de su discurso de investidura. La Junta anunció que a lo largo de 2017 mandaría al Parlamento 30 proyectos de ley, algo que no será capaz de cumplir porque a falta de dos meses y medio para que venza el año no alcanza ni un tercio de ese objetivo. Puede que ese ritmo desenfrenado tenga algo que ver en otro pequeño gran detalle del que lleva tiempo alertando el Consejo Económico y Social, un órgano consultivo adscrito a la propia Junta que debe pronunciarse de forma obligatoria antes de que vean la luz normas que afecten a sectores productivos, laborales o sociales. En sus últimos informes repite sin cesar el mismo tirón de orejas: los proyectos de ley andaluces pueden ser más o menos acertados, pero coinciden en que están por debajo de lo que se esperaría de ellos porque en buena medida reproducen otros textos ya existentes.
El CES ha emitido desde enero 13 dictámenes. En el elaborado a partir de la sesión plenaria celebrada el pasado 15 de septiembre incidecon claridad en la escasa creatividad de las leyes que moldea la Junta, en este caso en la de Formación Profesional. En uno de los pasajes del informe el organismo es contundente al censurar que el anteproyecto de ley “apenas tiene carácter innovador ni en lo que se refiere a la Formación Profesional para el Empleo ni en lo referente a la Formación Profesional en el marco del sistema educativo, porque gran parte de su articulado es traslación del contenido de normas estatales e incluso de normas autonómicas andaluzas”. Para redondear la crítica incide en que la advertencia “está siendo una común observación general” en sus últimos dictámenes.
El último documento con sello del CES, el vinculado al anteproyecto de la Ley para la Promoción de la Vida Saludable y una Alimentación Equilibrada, incluye el mismo dardo. Con fecha de 2 de octubre, el dictamen alaba que Andalucía se dote de una norma que regule una amenaza tan sensible para la salud pero censura que peque de un contenido “excesivamente programático” en lugar de otro “regulativo preciso que asegure su eficacia” y alerta, una vez más, de que no tiene sentido “limitarse a reproducir aspectos ya recogidos en preceptos de otras normas”.
Más ejemplos
Hay otros precedentes. En su sesión de julio el CES aplicó el bisturí al anteproyecto de la Ley del Cine de Andalucía, una de las iniciativas estrella de la legislatura y cuya parálisis le costó al Gobierno de Días un duro varapalo del sector en forma de crítica unánime. El informe emitido incide de nuevo en que “se aprecia que el proyecto autonómico reproduce numerosos preceptos” de la ley estatal y alerta de que “la reiteración o reproducción de normas (conocida como lex repetita)” para marcar con claridad las competencias regionales esconde un peligro: si la reproducción no es exacta “se puede resentir el principio de seguridad jurídica, ya que puede generar incertidumbre sobre el régimen jurídico aplicable”. La recomendación para solucionarlo es muy didáctica: recueda que “no es preciso reproducir normativa estatal para que ésta tenga fuerza normativa en la autonómica”.
En el análisis sobre el decreto de asociaciones agroalimentarias también se afea, por ejemplo, que en lugar de trasladar otras leyes no se incluya siquiera un “análisis y diagnóstico del sector”.
La duda eterna de la financiación
Sobre los proyectos de ley que cocina la Junta pende a menudo la misma crítica: más allá de su articulado quedan demasiadas dudas sobre cómo financiar las acciones y planes que contienen. El CES lo recuerda en el dictamen sobre la futura ley de Alimentación Equilibrada al entender que no basta con adaptar partidas ya existentes, sino que debería incluir memoria económica propia y cobertura presupuestaria clara.
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